El fiscal general de Brasil denunció al presidente Michel Temer por corrupción pasiva, convirtiéndolo en el primer mandatario de la historia del país en ser formalmente inculpado por ese crimen.
«Entre los meses de marzo y abril de 2017, con voluntad libre y consciente, el Presidente de la República, Michel Miguel Temer Lulia, valiéndose de su condición de jefe del Poder Ejecutivo (…) recibió para sí (…) una ventaja indebida de 500.000 reales» (150.000 dólares) de uno de los dueños del gigante cárnico JBS, Joesley Batista, indica el pedido de acusación difundido por el Supremo Tribunal Federal (STF).
La mediación se habría efectuado a través del entonces diputado y estrecho exasesor del mandatario Rodrigo Rocha Loures, actualmente en prisión.
La denuncia abre un proceso ante la Corte Suprema que podría llegar a apartar a Temer del cargo, a poco más de un año de que asumiera el poder tras el ‘impeachment’ de Dilma Rousseff.
Sin embargo, la denuncia debe ser validada antes por dos tercios de la Cámara de Diputados, donde el mandatario conservador tiene a priori una mayoría que podría salvarlo.
Janot tiene plazo hasta última hora del martes para presentar más denuncias dentro de las investigaciones por corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia contra el mandatario conservador.
Poco antes, la Policía Federal (PF) entregó un informe que señala a Temer como sospechoso de obstrucción a la justicia en el marco de un probable esquema de organización criminal.
La Presidencia de la República indicó a corresponsales en Brasil que el mandatario conservador no se pronunciaría en lo inmediato sobre el caso.
Rocha Loures fue filmado en marzo cargando una maleta con 500.000 reales que, de acuerdo con delaciones de exjecutivos del gigante de JBS, correspondían al pago de sobornos para favorecer a la empresa.
El traspaso habría sido acordado en una conversación entre Temer y Joesey Batista, quien la grabó secretamente para entregarla a la justicia, en el marco de un acuerdo de delación premiada.
«La narrativa» de los hechos «señala la práctica de crimen de corrupción en coautoría», dice el pedido de acusación, precisando que se trataría de corrupción pasiva.
Si Temer cayera, la Constitución dice que el Congreso debe elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines de 2018.
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