La guerrilla de las FARC completó este lunes la histórica entrega de todas sus armas individuales a la misión de la ONU en Colombia, algo previsto en el acuerdo de paz para superar más de medio siglo de conflicto armado.
«Al día de hoy (lunes), la Misión tiene almacenado el conjunto de las armas individuales de las FARC registradas: 7.132 armas, salvo aquellas que, de conformidad con la Hoja de Ruta, servirán para dar seguridad a los 26 campamentos» donde están concentrados unos 7.000 guerrilleros, indicó Naciones Unidas en un comunicado.
El presidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por la pacificación del país, celebró el anuncio: «La #DejaciónDeArmas representa el inicio de una nueva Colombia que avanza hacia la paz. Agradezco a @MisionONUCol por su apoyo y su labor», expresó en Twitter.
El martes está prevista una ceremonia por el fin del desarme que será encabezada por Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño («Timochenko»), a las 10H00 locales (15H00 GMT) en Mesetas, departamento Meta (centro), donde la guerrilla se asentó y creó su centro de operaciones hace más de 50 años.
«Se siente gran emoción y mucha expectativa. #DeLasArmasALasPalabras», escribió en Twitter «Timochenko», al llegar a Mesetas vestido con una camiseta azul con la palabra «Norway» (Noruega), que junto a Cuba fue país garante del pacto de paz suscrito en noviembre pasado.
El acto del martes se considera histórico al ser visto como el fin de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como guerrilla, luego de su creación en 1964 tras una sublevación campesina y de actuar por más de cinco décadas bajo un único mando e inspirada por el marxismo-leninismo.
«Es un momento histórico para el país, estamos dejando atrás una época histórica, vamos para adelante», dijo a periodistas en Mesetas el comandante guerrillero y negociador de paz Pablo Catatumbo.
Para el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, «la dejación de armas es entonces, tal vez, la fecha más importante de las últimas tres generaciones de Colombia», dijo en un video difundido por su cartera.
– Destrucción de armas –
El 20 de junio inició la tercera y última fase de dejación de armas de las FARC, un paso clave para que la principal guerrilla del país y la más antigua del continente inicie su transición hacia la vida civil.
En los últimos días, el grupo rebelde consignó el 40% de su arsenal, tras entregar semanas atrás el porcentaje restante.
La misión de la ONU, con unos 450 observadores internacionales, es la encargada de verificar el desarme, almacenar el arsenal y destruirlo el 1 de septiembre.
Hasta el 1 de agosto se dejará en manos de los guerrilleros una serie de armas para asegurar las 26 áreas de concentración, dijo la ONU, sin precisar cuántos fusiles servirán a esos fines.
«Para esa fecha, la Misión habrá almacenado todo el armamento existente en los campamentos y extraído sus contenedores» de las zonas de concentración, que pasarán a ser «Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación», agregó.
En paralelo, la ONU continuará con la ubicación de más de 900 caletas o escondites de armas de las FARC. «Hasta el momento, la Misión ha verificado 77 caletas, de las cuales ha sido extraído el armamento y destruido municiones, explosivos y armamento inestable», precisó.
El acuerdo de paz prevé que las armas de las FARC se fundan y se utilicen para elaborar tres monumentos que serán colocados en la sede de la ONU en Nueva York, en Cuba y en Colombia.
– Futuro político –
Con la mira puesta en dejar atrás una conflagración interna que ha dejado 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados, las FARC ahora enfrentan desafíos en dos escenarios: la justicia transicional y su futuro político.
Tras entregar el fusil, la ONU expide certificados de Dejación de Armas que permitirán a los excombatientes iniciar su tránsito a la legalidad y a un movimiento político, cuya definición se realizará durante un congreso del grupo rebelde previsto para agosto.
Pero a la par los guerrilleros serán sometidos a un sistema de justicia especial, denominado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya aplicación demorada les preocupa.
El gobierno de Santos busca la «paz completa» en Colombia, por lo que en paralelo realiza negociaciones con el ELN, único grupo rebelde activo del país. Esas conversaciones se realizan sin que haya un cese al fuego.
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