Por Franklyn Hernández Bretón
Por un momento imaginemos un hogar donde el presupuesto de la familia es muy ajustado y las necesidades más básicas apenas se satisfacen. Un día y sin previo aviso, el padre de la familia compra una nevera. Todos en la familia se ponen contentos porque de hecho se trataba de una necesidad y no un capricho, pues la nevera vieja ya quedaba muy pequeña.
El problema se desencadena cuando el padre les informa a todos que habrá que trabajar en la noche para poder pagar este nuevo electrodoméstico, y por lo tanto todos (esposa y niños incluidos) deberán sacrificar al menos una hora de sueño y salir a trabajar. Todos se enfurecen y recriminan al padre que de haber sabido el sacrificio necesario para la nueva nevera, tal vez lo hubiesen pensado mejor, o hubiesen buscado otra alternativa al problema. Sin embargo ya no hay nada que hacer porque la nevera se compró y hay que pagarla.
Este ejemplo gracioso no es más que un modelo simple de lo que significa la falta de programación presupuestaria, y que también tiene aplicación a las decisiones financieras que toman las instituciones y los Estados. Cuando una persona tiene programación presupuestaria no, asume compromisos financieros sin antes evaluar si puede costearlos sosteniblemente; evalúa también si se trata de una prioridad y si tendrá que producir más dinero para cumplir con el nuevo compromiso. Luego de realizar dicho análisis toma una decisión racional al respecto.
Cuando un gobierno emprende una política pública sin fondos públicos suficientes para sostenerla en el tiempo, es decir sin programar con responsabilidad su presupuesto, se generan distorsiones gravísimas que dañan a todos, como son promesas y expectativas incumplidas con la ciudadanía, quiebra de empresas acreedoras del Estado, entre otros efectos más graves como inflación y desestabilidad económica.
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El problema básico para frenar la conducta ineficiente de no programar responsablemente el presupuesto, es que los gobernantes tienen un incentivo fuerte al gasto desmedido dado el efecto positivo de popularidad y aprobación general a corto plazo que se experimenta. Con el sistema 9-1-1, sucedió que el pueblo aprobó de forma unánime el proyecto y todos se contentaron por el avance que este sistema significa para el país. Sin embargo nadie pensó en el costo que habría que asumir, ni legisladores ni el gobierno parece que se interesaron en la sostenibilidad financiera de este proyecto.
Para que se entienda esta idea debemos explicar que el sistema 9-1-1 se creó legalmente en 2013, con la aprobación de la ley 140-13 creó el “Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1”.
El capítulo III (Arts.10, 11 y 12), señala que las fuentes de financiamiento de este proyecto son “transferencias del Gobierno Central, donaciones y cualquier otro ingreso”, y dispone que el Ministerio Administrativo de la Presidencia incluirá en su presupuesto las partidas necesarias para gastos iniciales; así mismo en el 2014 el gobierno dispondrá en el Presupuesto Nacional una partida exclusiva para el 9-1-1.
Estas fuentes de financiación son claramente ambiguas. Lo primero que se debe señalar es que el Sistema 9-1-1 es un mega proyecto en el aspecto financiero: en el año 2017, por ejemplo, se consignó en la ley de Presupuesto General, una partida de 1,225,000,000.00 RD$ para este nuevo sistema de emergencias a través el Ministerio de la Presidencia. Un proyecto de tal envergadura económica claramente no podía ser asumido sosteniblemente por el presupuesto del Gobierno Central sabiendo las carencias presupuestarias que tiene éste y el Estado en sentido general.
Fruto de la insostenibilidad financiera con que se creó el 9-1-1, ahora hay que aprobar un tributo urgentemente para financiar el proyecto y no dejarlo caer. Utilizamos la palabra “hay” porque el Estado ya no tiene otra opción, no hay tiempo para analizar ni para pensar alternativas o en prioridades, el 9-1-1 urge de fondos porque el Estado creó esta institución, y luego de crearla se interesó en averiguar cómo financiarla; justo como no debe ser. No importa si se aprueba un tributo a las telecomunicaciones o cualquier otro para financiar el 9-1-1, el hecho es que se debe aprobar pronto un tributo (el que sea) para que no deje de funcionar el nuevo sistema nacional de emergencias y se pueda expandir a todo el país.
En materia legal se puede decir que República Dominicana tiene un marco normativo excelente para frenar estas prácticas de irresponsabilidad presupuestaria. La Constitución Dominicana cuenta con principios de planificación presupuestaria y programación (art.233 y ss.) que obligan al Estado a programar el gasto público en un marco de sostenibilidad. Por otro lado, la ley de Contrataciones Públicas vigente, es reiterativa en obligar al Estado a tener provisión de fondos y planificación en materia de compras públicas.
El plano de los hechos y de la aplicación de estas disposiciones a la realidad, se trata de un tema muy complejo y estamos conscientes de que no es sencillo proyectar y programar un presupuesto estatal, con todas la variables a estudiar que ello implica…sin embargo hay desaciertos, como la falta de programación presupuestaria en el sistema 9-1-1,que hacen pensar a más de uno que la clase política y gobernante no tiene una intención genuina de mejorar en la planificación y gestión fiscal sostenible
