Las autoridades de Venezuela seguían este jueves la búsqueda del piloto de un helicóptero acusado de comandar un ataque terrorista contra la sede del máximo tribunal en Caracas, en medio del misterio y también del escepticismo de algunos venezolanos.
Dos días después de que la aeronave lanzara cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las fuerzas de seguridad inspeccionaban el aparato hallado el miércoles en la población costera de Osma, cerca de Caracas, pero no han dado con el paradero del piloto Óscar Pérez.
El Ministerio de Interior emitió una orden de captura internacional a través de Interpol contra Pérez, policía y actor aficionado de 36 años, a quien acusó de estar vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
Aunque el gobierno chavista vincula el ataque con sus adversarios, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se deslindó del hecho y continuó este jueves con las protestas que dejan 79 muertos en casi tres meses.
“Ésta no es la forma de accionar de la coalición porque la Unidad sólo exige un cambio democrático de manera pacífica”, afirmó el diputado opositor Juan Guaidó, en representación de la MUD.
Bajo la lluvia, cientos de opositores marchaban por el este de Caracas con la intención de llegar a la sede del poder electoral en repudio a la elección, el 30 de julio, de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, que consideran un “fraude” para perpetuarse en el poder.
Cuento o realidad
Conducidos por el presidente del TSJ, Maikel Moreno, y el canciller Samuel Moncada, un grupo de diplomáticos acreditados en Venezuela recorrió este jueves las instalaciones de la corte para ver los sitios donde impactaron las cuatro granadas, una de las cuales no explotó.
Moreno les dijo esperar que sean “multiplicadores de esta verdad”: “En Venezuela hubo un ataque terrorista” y debe ser condenado, subrayó.
El martes circularon videos en las redes sociales que mostraban el helicóptero sobrevolando Caracas. También fotos de la nave con un cartel que decía “350 Libertad”, en referencia a un artículo constitucional invocado por la oposición para desconocer al gobierno de Maduro.
“Algunos dicen que hasta fue inventado por el gobierno, una patraña, que nosotros lo hicimos a propósito para desviar la atención de la opinión pública. Ese tipo de barbaridades se siguen diciendo”, afirmó Moncada, quien acusó a la oposición de hacerse “los locos”.
Dirigentes opositores ven detrás de este incidente una profundización de las fracturas en el gobierno.
“Este tema del helicóptero es una señal clara del descontento que hay en el país. Adentro, en la Policía, Guardia Nacional, todas las instituciones, hay división”, aseguró el líder opositor Henrique Capriles, en la marcha.
“Yo creo que es mentira. Es extraña la versión, es cuento del gobierno para culpar a la oposición y decir que lo agreden, para mí que el gobierno le pagó a ese tipo y lo escondió un rato”, declaró bajo anonimato a la Agence France-Presse una empleada domestica vecina de Antímano, oeste de Caracas.
Acción individual o complot
Otros creen que el gobierno escenificó el ataque para desviar la atención sobre las protestas y sentencias del TSJ emitidas el mismo martes, que debilitaron las competencias de la Fiscalía, o justificar un eventual mayor uso de la fuerza para contener las protestas.
La fiscal general, Luisa Ortega, una chavista devenida en fuerte crítica del gobierno, ha presentado recursos legales contra la Constituyente, condenado la “represión” de las manifestaciones y denunciado una ruptura del orden constitucional en Venezuela.
El TSJ, que ha desestimado todos los recursos, fijó para el 4 de julio una audiencia en la que evaluará si autoriza enjuiciar a la fiscal, a la que además le prohibió salir del país y le congeló sus bienes.
“El inusual incidente del helicóptero (…) parece tener una motivación individual en lugar de una conspiración del gobierno o un intento coordinado con otros actores de seguridad o militares”, opinó la consultora Eurasia Group.
Sin embargo, destacó que ocurre en medio de protestas “que se están volviendo más violentas y ponen a prueba la lealtad de los aparatos de seguridad”.
La noche del miércoles, policías y militares derribaron con blindados las rejas de seguridad de conjuntos residenciales en Caricuao y El Valle (oeste de Caracas), en busca de supuestos manifestantes violentos, denunciaron vecinos.
El jefe de la Fuerza Armada, general Vladimir Padrino López, ha declarado en reiteradas ocasiones lealtad a Maduro, pero los analistas no descartan un descontento en la tropa.
“Invitamos al pueblo a mantener la calma, pero a su vez a permanecer alertas ante la escalada”,afirmó el jefe militar, al condenar el “acto terrorista”.
