La Asociación Iglesia Jesucristo Fuente de Amor, llama al Consejo Nacional de la Magistratura a que actué apegado a la Constitución y las leyes en la escogencia de los nuevos jueces para la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.
El Consejo de Pastores y Ministros de la entidad emitió una proclama al concluir su XXVIII Convención, en la cual demanda de las autoridades que en la selección de los jueces de las altas cortes impere una decidida intención de fortalecer el Sistema Judicial para enfrentar la corrupción y la impunidad, donde la especialidad prime sobre el criterio político.
Al referirse a este punto, el obispo Luis Reyes reclamó que éste sea un proceso inclusivo, transparente, participativo y democrático, donde sean escogidos jueces independientes e imparciales, con compromiso social y vocación democrática, con conciencia cívica, libre de compromisos y ataduras, con trayectoria ética y moral intachable en todo su accionar tanto público como privado.
Esta asociación de iglesias entiende que la falta de institucionalidad es sin dudas el problema medular que afecta a la nación dominicana, tanto en el ámbito social como en la estructura estatal, situación que trae como resultado deficiencia en los servicios públicos, desigualdades sociales, carencia de oportunidades, ausencia de régimen de consecuencia, pobreza y corrupción.
En tal sentido, exige transparencia en la administración pública, ya que el ordenamiento jurídico la establece como principio fundamental de las actuaciones administrativas, considerando que es deber del Estado lograr la máxima eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
Además, hace énfasis en lo concerniente a las contrataciones públicas, para que las mismas se realicen apegadas a los principios de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia, publicidad, equidad, responsabilidad, moralidad, reciprocidad, participación, razonabilidad.
Asimismo, pide que sean sancionados los funcionarios que incurran en el incumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado, en la Ley No. 41?08 sobre Función Pública y en la Ley No. 120?01, que instituye el Código de Ética del Servidor Público.
Caso Odebrecht
Los pastores de la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor destacan en su proclama que el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht representa un reto más que ha llegado a poner a prueba el sistema judicial dominicano.
Consideran inaceptables y preocupantes los errores cometidos por la Procuraduría General de la República en la investigación e instrumentación del expediente acusatorio del caso de corrupción de Odebrecht, en el entendido de que esto cubre o desacredita la justicia y la lucha contra la corrupción, traduciéndose en una posible impunidad.
Resaltan el hecho de que la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Mirian German Brito, en su disidencia con respecto a la decisión de variar la medida de coerción a los imputados, expresó que en el expediente del Ministerio Publico se apreciaba dificultad probatoria.
Sobre este particular, las Iglesias Jesucristo Fuente de Amor instan al cumplimiento de las normas legales procesales y la adecuada administración de justicia, que den al traste con la condena de quienes se evidencie responsabilidad en el caso y que los expedientes sean sustentados en base a pruebas, no en teorías.
“Demandamos de la justicia dominicana el cese de la impunidad”, expresan los pastores en el documento.
A continuación el texto completo de la proclama…
DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE PASTORES Y MINISTROS DE LA XXVIII CONVENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE IGLESIAS JESUCRISTO FUENTE DE AMOR, INC.
Gracia y paz hermanos en Cristo. Ya ha transcurrido un año de nuestra convención, y pasando revista a los temas que presentamos en esa oportunidad, no evidenciamos avances en la gestión y solución de estos, salvo iniciativas legislativas que en el 2017 han sido aprobadas y promulgadas por el Ejecutivo que comenzarán a implementarse, como es el caso de la Ley de Tránsito y Movilidad Vial.
Observando esta realidad, el Consejo de Pastores de la Asociación de Iglesias Jesucristo Fuente de Amor, entiende necesario continuar abordando los puntos que a continuación presentamos, para concientizar y sensibilizar a los actores llamados por la Constitución y las leyes a ejecutar las acciones que cambien la realidad que hoy vive nuestra nación.
1- La Inseguridad Ciudadana.
Estamos frente a nuevos modelos de violencia delictiva e inseguridad. Ya la población no solo es sometida a atracos en las calles, entidades bancarias, locales comerciales, en las viviendas, parques, sino ahora nuestra gente está siendo víctima de atracos en los autobuses del transporte público abiertamente y sin misericordia.
2- Situación Actual del Tránsito.
Continúan impactando a las familias dominicanas los accidentes de tránsito. Ocupamos un sitial en los primeros lugares en muertes por esta causa en América Latina. Continuamos orando para que la sensatez, paciencia y la prudencia sean piezas claves en la concientización del conductor para cambiar este modelo que trae luto y tristeza.
Como indicábamos en nuestra introducción, ha sido aprobada la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la República Dominicana. Esto implica la creación de una nueva institución denominada INTRANT (Instituto de Tránsito Terrestre).
Si bien es cierto que nuestra sociedad adolece de una política de educación vial que entendemos debe comenzar desde las escuelas, pues en esta legislación el peatón también es susceptible de penalidades, no es menos cierto que nuestro sistema de consecuencias no funciona, y tal lo manifiesta la información de que el 90% de las multas impuestas no las cobra el Estado Dominicano. Este aspecto debe ser analizado y reforzado, implementando los controles y herramientas que erradiquen la irresponsabilidad de los violadores de esta norma legal. Los nuevos funcionarios del INTRANT, recientemente juramentados, tienen un verdadero reto por delante para hacer cumplir y respetar esta herramienta jurídica recién aprobada. Esperemos esta institución asuma y juegue su rol y que no se convierta en otra carga más para el Estado.
3- Ley de Partidos Políticos y Ley Electoral:
Reiteramos la imperiosa necesidad de la aprobación de esta pieza legislativa y la realización de la reforma de la Ley Electoral que data desde el año 1997, las mismas serían de suma importancia para el fortalecimiento de los valores democráticos, promover la disciplina política, evitar la discriminación, garantizar la transparencia, establecer sanciones drásticas para combatir la corrupción y el financiamiento ilícito en las campañas electorales, proporcionaría seguridad y confianza a todos los ciudadanos interesados en incursionar en política, establecería controles en la distribución financiera del Estado a los partidos, mejoraría las bases legales del sistema electoral y nos permitiría el desarrollo de una sociedad más democrática, inclusiva y equitativa.
4- La Institucionalidad.
La falta de institucionalidad es sin duda el problema medular que nos afecta como nación, tanto en el ámbito social como en la estructura estatal, situación que trae como resultado deficiencia en los servicios públicos, desigualdades sociales, carencia de oportunidades, ausencia de régimen de consecuencia, pobreza y corrupción.
En esta ocasión, hacemos un llamado al Consejo Nacional de la Magistratura, órgano constitucional a través del cual se designan los jueces que componen las altas cortes, que ante este nuevo reto de escogencia, se actué apegado a la Constitución y las leyes, que impere una decidida intención de fortalecer el Sistema Judicial para enfrentar la corrupción y la impunidad, donde la especialidad prime sobre el criterio político, que éste sea un proceso inclusivo, transparente, participativo y democrático, donde sean escogidos jueces independientes e imparciales, con compromiso social y vocación democrática, con conciencia cívica, libre de compromisos y ataduras, con trayectoria ética y moral intachable en todo su accionar tanto público y privado.
5- Transparencia en la Administración Pública.
Demandamos transparencia en la administración pública, nuestro ordenamiento jurídico la establece como principio fundamental de las actuaciones administrativas, razón por la que nueva vez abordamos el tema, es deber del Estado lograr la máxima eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
Hacemos énfasis en lo concerniente a las contrataciones públicas, solicitamos que las mismas se realicen apegadas a los principios de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia, publicidad, equidad, responsabilidad, moralidad, reciprocidad, participación, razonabilidad, y que sean sancionados los funcionarios que incurran en el incumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado y Ley No. 41?08 sobre Función Pública y la Ley No. 120?01, que instituye el Código de Ética del Servidor Público.
6- Suministro Energía Eléctrica
Hoy encontramos el país en una crisis energética influenciada por diversos factores, uno de ellos la falta de capacidad instalada. Se espera la conclusión de la planta de Punta Catalina, que pese a los cuestionamientos que ha sido sometida, se ha presentado en los medios de comunicación como la esperanza para terminar con el mal de los apagones.
Apelamos a que las EDES tomen las medidas pertinentes para disminuir ese 27.6% de pérdida de energía servida, básicamente por el no pago de aquellos ciudadanos y negocios que la consumen. Ahí nos toca llamar la atención de aquellos que se sirven del servicio eléctrico y no lo pagan. Ahora bien, cabría conocer si en ese porcentaje tenemos usuarios que no reciben el servicio y le facturan como tal, como es el caso de sectores que reciben muy pocas horas del fluido eléctrico.
No hay proyecto de emprendurismo que pueda avanzar con esta crisis permanente de electricidad.
7- Salud y Seguridad Social:
Es una situación alarmante que en nuestro país la tasa de mortalidad materna e infantil está entre las más altas de la región, por causa de la baja calidad de los servicios de salud públicos, ausencia de sistematización y de criterios en la asistencia, la falta de equipos, medicamentos, no existen incentivos para el cumplimento de metas sanitarias y mecanismos de rendición de cuentas; baja eficiencia de asignación de los recursos, el gasto público per cápita en salud es bajo, baja cobertura de aseguramiento.
Por lo antes expuesto, pedimos a las autoridades competentes, prestar más atención y tomar acciones en relación a esta gran crisis del sector salud, además de lo ya mencionado, hacemos énfasis en la necesidad de implementar la atención a los enfermos mentales y en especial a los que deambulan por las calles, los cuales carecen de atenciones especiales y suministro de los tratamientos correspondientes, pedimos que esta situación sea abordada desde la perspectiva de respeto a la dignidad humana, para que al momento de ser restablecida la salud, estos pacientes sean reintegrados a la sociedad y al núcleo familiar.
8- Discapacitados.
Tenemos que continuar exigiendo de las autoridades la aplicación de las normativas que promueven la verdadera inclusión social para las personas con alguna condición de incapacidad, que incluya la promoción de empleos tanto en el sector estatal como en el privado, autobuses amigables, aceras y contenes con facilidades para sillas de ruedas, programas de desarrollo de capacidades para la generación de ingresos.
Este sector vulnerable de la sociedad necesita de acciones contundentes que permitan su desarrollo. Entendemos desde el Estado se debe contribuir a ello, con nuevos modelos de construcción de obras públicas en las ciudades, provincias y municipios del país.
9- La Familia, Violencia de Género e Intrafamiliar y Suicidio de los Adolescente.
El alto índice de violencia que se está viviendo en las familias hoy en día, es un problema social que debe de ser comprendido y prevenido. Los medios de comunicación y profesionales de la información son la tribuna desde la que se puede sensibilizar a la sociedad, denunciando que la violencia contra la mujer es un delito y su uso no es natural, debemos tratar la violencia contra las mujeres como un grave problema, que no distingue clase social ni nivel educativo.
Es un deber del Estado ir en auxilio de las familias, ya que, con el ejercicio de la violencia en cada hogar, además de los daños causados entre adultos en donde lamentablemente desencadenan en feminicidios, los niños crecen inmersos en el miedo. Ellos y ellas son candidatos al diagnóstico de toda la variedad de trastornos por estrés traumático, depresiones por desesperanza o de posibles trastornos de personalidad.
El suicidio en los adolescentes es un problema real y muy grave, es un tema que suele callarse y evadirse. Hacemos un llamado de atención a los padres a observar sus hijos, para que puedan reconocer los indicios de la presencia de esta conducta en forma prematura, y contribuir a evitar la concreción del hecho. El conocimiento de los factores de riesgo que contribuyen a la concreción de las ideas suicidas, es una estrategia de prevención.
10- Tráfico, Micro Tráfico, Consumo de Drogas y Lavado de Activos.
Nos impacta cuando la prensa da cuenta de que detrás de estos crímenes de narcotráfico están miembros de nuestros cuerpos castrenses, actores principales designados por la constitución y las leyes para abordar este fenómeno mundial que impacta las vidas y la sociedad dominicana.
Este flagelo continúa impactando negativamente las vidas de las personas honestas de los sectores populares que tienen que desplazarse a trabajar y llegar tarde de la noche a sus hogares, cuando son abordados para atracarles y hasta quitarles la vida por sujetos bajo los efectos de sustancias controladas. Este es uno de los efectos del consumo desmedido de las drogas.
Acaba de ser aprobada una nueva legislación sobre el lavado de activos, lo es la Ley 155-17 sobre Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Mantenemos la esperanza de cambios en las altas cortes y el ministerio público para que sean investigados con el criterio técnico legal adecuado y se obtengan como resultado sentencias condenatorias que sirvan de ejemplo para aquellos que continúan recorriendo este camino de la ilegalidad del tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en el país.
11 Caso Odebrecht.
Un reto más ha llegado a poner a prueba nuestro sistema judicial. Es inaceptable y preocupante los errores cometidos por la Procuraduría General de la Republica en la investigación e instrumentación del expediente acusatorio del caso de corrupción de Odebrecht, entendemos que esto cubre o desacredita la justicia y la lucha contra la corrupción, traduciéndose en una posible impunidad.
Hemos presenciado el conocimiento de las medidas de coerción en la que el Juez de la Instrucción Especial dicto prisión preventiva contra ocho de los catorce imputados, pero también hemos visto la revisión de medida de coerción celebrada en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Apelación, presidida por la Magistrada Mirian German Brito, quien al momento de leer su disidencia con respecto a la decisión de variación de medida de coerción a los imputados, expreso que en el expediente del Ministerio Publico se apreciaba dificultad probatoria, que la decisión recurrida desaprovecha la oportunidad para censurar la práctica de ciertas agencias ejecutivas, policiales y ministerio público, proscrita a pena de nulidad por el artículo 95, numeral 8 del Código Procesal Penal, consistente en presentar a la persona imputada en forma que lo dañe en su dignidad, que lo coloque en riesgo o daño.
La sociedad dominicana y este Concilio de Iglesias Jesucristo Fuente de Amor, reclama el cumplimiento de las normas legales procesales y la adecuada administración de justicia, que den al traste con la condena de quienes se evidencien responsabilidad en el caso y que los expedientes sean sustentados en base a pruebas no en teorías.
Demandamos de la justicia dominicana el cese de la impunidad.
Reflexión Pastoral.
Nuestra sociedad se encuentra inmersa en una crisis de valores, de identidad, donde una gran parte de los ciudadanos no respetan las normas de tránsito, asesinan a sus parejas, maltratan los hijos, funcionarios que no realizan su declaración jurada de patrimonio, que actúan en falta a la integridad.
Hombres que abandonan los hogares dejando a su suerte las madres solteras, abandonan a sus familiares envejecientes en las puertas de los orfanatos, roban, atracan y matan para tomar lo que no es suyo, y esto son solo algunos de los hechos que produce esa degradación moral en la nación.
Pero no todo ésta perdido. Los que tenemos la esperanza puesta en Cristo Jesús seguiremos orando y moviendo la fe para que más vidas conozcan del evangelio de paz de nuestro amado señor Jesús.
Nuestro país necesita cambiar, merecemos una vida mejor, alejada de estos principados y potestades que se han apoderado de una buena parte de las vidas de aquellos que no conocen la libertad de salvación y vida eterna que se experimenta cuando venimos y nos entregamos a los pies de nuestro señor.
Declaramos una República Dominicana para Cristo. Cristo viene. Su reino ésta cerca, sigamos proclamando su venida. Pueblo de Dios, hermanos en Cristo, nuestro país nos necesita, no nos quedemos de brazos cruzados, accionemos nuestra fe y transmitamos las enseñanzas de la palabra de Dios. Seamos portadores del gran mensaje de salvación que solo en Jesucristo podemos encontrar.
Paz para la República Dominicana.
