El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso este lunes sanciones económicas directas contra el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, entre las que figura la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense.

La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro y se produce un día después del voto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela.



Trump podría elevar esta semana la presión con sanciones al corazón de la economía caribeña, el petróleo, que supone el 92% de sus exportaciones y de las que casi el 40 % tienen como destino EE.UU.

De momento, el embargo petrolero no está sobre la mesa, pero sí otras acciones más específicas que afectarían a la importación de crudo venezolano, sanciones a ejecutivos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) o el bloqueo parcial de acceso al sistema financiero de EE.UU.



Los expertos señalan como más probable el primer escenario, mediante la limitación de la compra de petróleo venezolano.

La creciente producción nacional en EE.UU., gracias a la expansión en los últimos años del “fracking” o fracturación hidráulica, ha aliviado la tradicional dependencia del crudo venezolano y ha dado más margen de maniobra a Washington en este sentido.

Actualmente, compra cerca de 750,000 barriles diarios de Venezuela, lo que supone alrededor del 8% del total de importaciones y es casi la mitad de lo que hacía una década atrás.

Para el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que enfrenta una prolongada recesión y una inflación que se prevé supere el 700% este año, supondría un grave quebradero de cabeza, ya que tendría enormes dificultades para compensar esta pérdida de ingresos.

El principal problema para Caracas, que produce unos 2 millones de barriles de petróleo diarios (bpd), es que el casi 40% que va a EE.UU. es de lo poco rentable y genera las necesarias divisas internacionales para financiar la “revolución bolivariana”.

“500,000 bpd van a pérdida en el mercado interno, 500.000-650.000 bpd van a pago de deudas con China, Rusia y socios de las empresas mixtas, y cerca de 100.000 bpd son todavía enviados con subsidios y financiados a Cuba y PetroCaribe”, señaló a Efe Francisco Monaldi, profesor de Políticas de Energía de la Universidad Rice de Texas.

Como resultado, Monaldi subrayó que solo “unos 800,000 bpd generan caja, que en su mayoría van al mercado estadounidense”, por lo que “aún en el mejor escenario, el flujo de caja se vería dramáticamente afectado” en PDVSA.

Dada la estrecha e histórica relación petrolera entre EE.UU. y Venezuela, la economía estadounidense también registraría efectos negativos, especialmente en la costa del Golfo de México donde varias refinerías están diseñadas para refinar el característico petróleo ultrapesado venezolano, aunque los efectos serían menos abruptos.

“EE.UU. puede encontrar fácilmente sustituto para el crudo venezolano pero a más alto costo, de Canadá, México, Colombia y el Golfo Pérsico, por lo que subiría ligeramente la gasolina y caerían los márgenes de los refinadores”, explicó Monaldi.

Precisamente, la pasada semana, la asociación de Productores Estadounidenses de Combustible y Petroquímicos envió una carta al Gobierno de Trump advirtiendo de las consecuencias y el posible alza de los precios para los consumidores.

En una carta, Chet Thompson, presidente de este grupo, afirmó que las sanciones al sector energético de Venezuela probablemente dañen a los negocios y consumidores estadounidenses, a la vez que fallan a la hora de encarar los muy reales problemas en Venezuela”.

Otra opción son las medidas directas contra ejecutivos de PDVSA, o incluso la prohibición de acceso parcial al sistema financiero estadounidense.

Hasta ahora, EE.UU. ha impuesto varias rondas de sanciones, pero todas individuales y específicas a funcionarios del Gobierno venezolano, como las de la semana pasada a trece altos cargos y exaltos cargos por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia.

Apuntar al petróleo supondría un salto cualitativo por parte de Washington, que podría dar el golpe de gracia y acercar a PDVSA a “un default (suspensión de pagos) financiero”, sostuvo Monaldi.

“Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano”, señaló este lunes Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado.

“Sancionando a Maduro, EE.UU. deja claro nuestra oposición a las políticas de este régimen y nuestro apoyo a la gente de Venezuela que busca devolver el país a una democracia completa y próspera”, remarcó Mnuchin.

Con esta designación, quedan congelados todos los activos que Maduro pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe las transacciones financieras con él por parte de ciudadanos de EE.UU.

De este modo, Estados Unidos agregó a Maduro a la lista de 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos a quienes sancionó la pasada semana por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia.

Mnuchin agregó que queda abierta la puerta a más sanciones contra funcionarios venezolanos.

“Cualquier persona que participe en esta ilegítima ANC podría ser expuesto a futuras sanciones por minar el proceso democrático y las instituciones en Venezuela”, subrayó.

En estos comicios, en los que la oposición no participó al considerarlos “fraudulentos”, se eligieron 545 representantes que además de tener la potestad para reescribir la Carta Magna, vigente desde 1999, podrán avanzar en la reordenación del Estado venezolano.

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo en medio de protestas dejó 10 muertos, según la Fiscalía, y 14 según la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con lo que la cifra de fallecidos asciende a 121 desde que el 1 de abril se iniciaron las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno.

La MUD se negó a participar en este proceso que consideró fraudulento y en el que, según el Gobierno, votaron más de 8 millones de venezolanos. EFE