El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil pidió aumentar la sentencia de 9 años y medio de cárcel dictada por el juez anticorrupción Sergio Moro contra el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
La apelación pide asimismo condenar al exmandatario por irregularidades en el almacenamiento de bienes oficiales, un cargo por el que había sido absuelto por «falta de pruebas» en la sentencia publicada el 12 de julio.
El equipo de fiscales de la Operación Lava Jato, que investiga millonarios desvíos de dinero en Petrobras, también solicitó aumentar la indemnización por los crímenes cometidos de 16 millones de reales estipulados por Moro, a 87 millones de reales (casi 28 millones de dólares al cambio actual).
Lula, de 71 años, fue condenado como beneficiario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en la petrolera estatal.
El MPF invoca una ley que determina que «una pena será agravada» si quien la comete «promueve u organiza la cooperación con el crimen o dirige la actividad de los demás agentes».
Afirma además que «el costeo de los gastos del expresidente Lula por el Grupo OAS, representado por el ejecutivo Léo Pinheiro [de OAS], estaba contaminado, desde el comienzo, por intereses ocultos y fue practicada con clara intención criminal».
El líder de izquierda latinoamericana, que puede recurrir su sentencia en libertad, rechaza todos los cargos y los atribuye a una tentativa de las «élites» de bloquear su eventual candidatura en las elecciones generales de octubre de 2018. Eso ocurriría, en principio, si el fallo fuese confirmado en segunda instancia.
Moro interrogará a Lula el próximo 13 de septiembre por otro proceso, también en el marco de la Operación Lava Jato, que busca determinar si recibió sobornos de grupo Odebrecht.
Antes, el 17 de agosto, Lula iniciará una caravana de tres semanas por 28 ciudades del empobrecido noreste del país, donde tiene sus principales bases de apoyo.
