Caracas, Venezuela. El confuso asalto a una base militar en Venezuela abrió interrogantes sobre la unidad de la Fuerza Armada en torno al presidente Nicolás Maduro, en medio de una crisis que se vuelve cada día más explosiva.
En un incidente en el que tanto el gobierno como los atacantes cantan victoria, una veintena de hombres irrumpió en la madrugada del domingo en el fuerte Paramacay, sede de la 41 brigada del Ejército, situado en Valencia, a 180 km al oeste de Caracas.
En combates que se prolongaron por más de tres horas en el destacamento fueron abatidos dos de los atacantes y detenidos ocho, uno de los cuales está herido, mientras los demás escaparon con armas y son buscados intensamente, anunció Maduro.
El presidente aseguró que entre los capturados, solo uno es desertor de la Fuerza Armada. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, descartó que se tratara de una «insurrección militar» y divulgó fotos de los «civiles» detenidos.
«Aquí no hubo ningún alzamiento, es la mentira hecha política», dijo este lunes el poderoso dirigente Diosdado Cabello, al rechazar que se trate de una muestra de rebelión en la Fuerza Armada como aseguran los opositores.
A pesar de que se desconoce el alcance del ataque y de que fue perpetrado por un comando mixto de civiles y militares desertores y en el exilio, expertos coinciden en que evidencia un malestar en rangos medios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), principal sostén de Maduro.
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«Indica el creciente descontento de rangos medios policiales y militares, aunque el mando militar siga aliado al gobierno. Pueden esperarse nuevos incidentes a medida que aumente ese malestar», aseguró a la AFP Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk de Londres.
– «Operación David» –
La acción habría sido liderada por el capitán Juan Carlos Caguaripano, quien, poco antes del ataque, apareció en un video en las redes sociales en el que se presenta como el «comandante de la Operación David».
Acompañado por un grupo de uniformados con armas largas, Caguaripano, en el exilio tras ser expulsado en 2014 de la FANB por rebelión y traición, dice que se están rebelando contra la «tiranía ilegítima de Nicolás Maduro».
El mandatario afirmó que el grupo «terrorista» tenía vínculos con Colombia y Estados Unidos, pero no aludió a Caguaripano.
«No somos terroristas ni paramilitares. Somos oficiales retirados y algunos activos. Fue una operación limpia, impecable, un éxito», declaró desde la clandestinidad a la AFP el capitán Javier Nieto Quintero, quien dice formar parte del movimiento de Caguaripano.
Nieto precisó que el comando logró su objetivo de sustraer «entre 98 y 102 fusiles, calibre 156 y AK-47».
Para la experta en asuntos militares Rocío San Miguel, el «beneficiado» de esta acción es «el sector más radical del gobierno, que exhibe un triunfo y empezará a perseguir a civiles y militares».
En mayo, el líder opositor Henrique Capriles aseguró que unos 85 soldados, sargentos y capitanes fueron detenidos por disentir de la «represión» a protestas opositoras, que dejan 125 muertos en cuatro meses.
Capriles aclaró entonces que se debía diferenciar a la «cúpula corrupta» de los soldados que sufren la crisis socioeconómica.
«Hay mucho descontento, mucho malestar, mucha desmoralización porque todos esos generales están involucrados en actos de corrupción y narcotráfico», aseguró Nieto.
La oposición ha llamado reiteradamente a la Fuerza Armada a romper con Maduro, quien le ha dado enorme poder político y económico y cuyo alto mando le ha declarado lealtad absoluta.
– «Radicalización total» –
El asalto añadió más tensión a la explosiva crisis venezolana, agravada desde el fin de semana con la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente que, en sus primeros pasos, da muestras de una radicalización del gobierno.
«La descomposición institucional es evidente. El régimen intenta salvarse mediante la violación masiva de la Constitución sostenido en la fuerza, lo que lleva la confrontación al terreno de la violencia de las armas», dijo a la AFP el analista Luis Salamanca.
El órgano plenipotenciario, que regirá el país por dos años y redactará una nueva Constitución, se estrenó destituyendo a la fiscal general, Luisa Ortega, quien rompió con Maduro, y en sus próximas acciones podría levantar la inmunidad a diputados opositores para enviarlos a prisión.
«La Constituyente puede levantarle la inmunidad a Raimundo y todo el mundo», advirtió Cabello.
Para el analista Luis Vicente León, el gobierno, cada vez más aislado por la comunidad internacional -que rechaza la Constituyente y la remoción de Ortega- y amenazado por sanciones de Estados Unidos, puede «patear definitivamente cualquier intento de aparentar lo que no es».
«Ya no tiene que mostrarse ni ficticiamente democrático, ni respetuoso de los derechos humanos. Llega el momento de la radicalización total para unificarse», apuntó.
