Santo Domingo. Raquel Bretón, madre de cinco niños, cursaba su sexto embarazo cuando al arribar a la semana 39 de gestación comenzó a experimentar los dolores de parto y se dirigió a un hospital que la refirió a la Maternidad de Los Mina, en donde decidieron hacerle una cesárea.
Aunque dio a luz una hija sana, ella presentó complicaciones a raíz del desgarro de la arteria uterina durante la cirugía que le provocó una hemorragia severa. Tras haber pasado por las manos de un residente de medicina de cuarto año que no pudo contener el sangrado, el centro delegó en el responsable de turno, quien le realizó una histerectomía total.
Mientras eso ocurría, los familiares de la joven de 29 años no recibieron ninguna información por parte del personal médico, y finalmente murió el pasado 9 de febrero de 2015 tras varias complicaciones y un paro cardiorrespiratorio.
El caso de Raquel es uno de los siete que documenta el informe “Maternidad Libre y Segura en la República Dominicana: una deuda con los derechos de las mujeres”, presentado ayer por la Colectiva Mujer y Salud y Women’s Link Worldwide, el cual pone al desnudo las precariedades que enfrentan las dominicanas más pobres por falta de atención oportuna y de calidad en los servicios de salud durante el embarazo, el parto o el puerperio y que sitúa al país en la cuarta posición de América Latina y el Caribe con las más altas tasas de mortalidad materna (92 por cada 100 mil nacidos vivos) por detrás de Bolivia, Haití y Saint Kitts y Nevis.
Van 94 muertes este año
De acuerdo al Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, al 16 de julio de este año, 94 mujeres habían muerto por causas relacionadas al embarazo, en su mayoría por causas evitables, a razón de una cada dos días. Para la misma fecha del año pasado, se reportan 82 fallecimientos, lo que supone un incremento de 12 muertes.
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La directora de la Colectiva Mujer y Salud, Cinthya Velasco, explicó al periódico El Caribe que para la investigación realizada entre los años 2012-2015, tuvieron acceso a las auditorías que realizan las autoridades sanitarias para determinar las causas de las muertes maternas, así como con entrevistas a familiares de las víctimas, que les permiten concluir que los siete casos analizados se produjeron por falta de una evaluación médica integral y adecuada, porque no fueron atendidas por personal especializado cuando se requería, porque no se le suministró tratamiento médico indicado para la situación que presentaban, por negligencias o malas prácticas médicas y por falta de información.
“El Estado tiene la responsabilidad de implementar las leyes que ya existen o desarrollar las que hagan falta para que no se sigan muriendo las mujeres embarazadas, tanto aquellas que anhelan llevar a término su embarazo como aquellas que necesitan un aborto para proteger su integridad o su vida”, agregó la directora legal regional de Women’s Link Worldwide, Carmen Martínez.
Meta es reducir muertes a 70 por 100 mil nacidos
El doctor Juan Carlos De Jesús, encargado de la División Materno Infantil del Ministerio de Salud, dijo que la institución está aplicando estrategias para reducir este indicador, como es el Código Rojo, apego precoz y parto limpio, que han permitido bajar la mortalidad en ocho puntos colocando a 90.1 las muertes en 2016. “La debilidad en muchos de los casos que se presentan no es cuando la paciente va con la morbilidad materna extrema al centro de atención especializada, la debilidad está en no detectar esa morbilidad en la atención primaria comunitaria”.
