SANTO DOMINGO – Casi 100 embarazadas han muerto en lo que va de año en la República Dominicana, según un informe publicado hoy en Santo Domingo, que aborda el drama de la mortalidad materna en el país, que ocupa el cuarto lugar en América Latina y el Caribe con mayor tasa de defunciones relacionadas con el embarazo.
El estudio, realizado por la organización internacional Women’s Link Worldwide y la dominicana Colectiva Mujer y Salud, y que cita datos de autoridades locales, revela que hasta el pasado 16 de julio un total de 94 embarazadas habían muerto en el país frente a las 82 del mismo periodo del año anterior.
Con una tasa de 119 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, según la OPS, la República Dominicana ocupa el cuarto país de la región con las más altas tasas de mortalidad materna, por detrás de Bolivia, Haití y San Cristóbal y Nieves, según la información.
El informe “Maternidad libre y segura en República Dominicana, una deuda pendiente con los derechos de las mujeres” recoge la historia de siete mujeres, jóvenes y sanas, que murieron “por la falta de servicios de salud de calidad y oportunos”.
De acuerdo con la investigación, estas muertes se produjeron “por la falta de evaluación médica integral y adecuada, porque no fueron atendidas por personal especializado cuando se requería, porque no se le suministró tratamiento médico indicado para la situación que presentaba, por negligencias o malas prácticas médicas y por falta de información”.
Entre las fallecidas está Rosaura Almonte, conocida públicamente como Esperancita, una menor de 16 años con leucemia, que murió en 2012 porque no le fue suministrada a tiempo la quimioterapia que requería, pues tenía un embarazo de siete semanas de gestación, y en el país está penalizado el aborto en cualquier circunstancia.
También narra la historia de Xotchil, de 37 años, madre de 12 hijos, quien en marzo de 2015 visitó un hospital debido a fuertes dolores en el pecho, pero le negaron atención medina.
La mujer, que desconocía que estaba nuevamente embarazada, acudió a un segundo hospital, donde le hicieron un electrocardiograma, le recomendaron que bajara de peso y la despacharon a su casa, donde falleció un día después.
Estas muertes, como las de las otras cinco mujeres que figuran en el estudio, “eran evitables”, según la información.
El Estado dominicano, “tiene la responsabilidad de implementar las leyes que ya existen o desarrollar las que hagan falta para que no se sigan muriendo las mujeres embarazadas, tanto aquellas que anhelan llevar a término su embarazo como aquellas que necesitan un aborto para proteger su integridad o su vida”, afirmó la directora legal regional de Women’s Link Worldwide, Carmen Martínez.
Asimismo, señaló, que se necesitan acciones para garantizar el acceso a la atención médica oportuna y de calidad, así como el acceso a la información clara y a tiempo por parte del personal médico, atención humanizada de las mujeres embarazadas y acciones legislativas, en particular la despenalización del aborto cuando la vida o la salud de la mujer estén en riesgo o en aquellos casos en los que el embarazo es producto de una violación o incesto.
La presentación del informe contó con la participación del titular de la Dirección General de Materno Infantil y Adolescentes del Ministerio de Salud, Juan Carlos de Jesús; y de la directora de Salud del Ministerio de la Mujer, Nicida Beltré, quienes subrayaron en esfuerzo que hace el Estado para disminuir las tasas de mortalidad infantil.
La ministra de Salud dominicana, Altagracia Guzmán Marcelino, afirmó recientemente que el 30 % de las mujeres que mueren en el país por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto son haitianas indocumentadas que cruzan la frontera ilegalmente para recibir asistencia sanitaria. EFE
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