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Santo Domingo. El Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), solicitó a la Fiscalía del Distrito Nacional, iniciar las investigaciones en contra de la empresa My Trader Coin, mediante la interposición de la acción pública a instancia privada a requerimiento de ese Instituto.
El organismo estatal solicitó a la vez, la autorización judicial correspondiente para el cierre de la web mytradercoin.com, en virtud de la amenaza que representa la misma para los intereses económicos de los consumidores que ingresen a este negocio.
Anina Del Castillo, directora de Pro Consumidor, informó que la fiscal del Distrito Nacional, licenciada Yeni Berenice Reynoso, expresó la conveniencia de la acción de Pro Consumidor, para de manera conjunta garantizar bienes y valores jurídicos desde la perspectiva del interés general y tomar acciones ante la posibilidad de transgresiones al orden monetario y los riesgos de materialización de ilícitos y delitos económicos que trastornen el orden público general.
Pro Consumidor, mediante dicha instancia indica que los contratos digitales que conlleva este tipo de negocio, los cuales no se encuentran registrados en este Instituto, pudieren contener cláusulas que pueden considerarse nulas de pleno derecho, ya que implican prácticas comerciales deshonestas por parte de las empresas en sus relaciones con los consumidores.
Asimismo, sostuvo que desde el punto de vista del derecho de consumo, los esquemas piramidales constituyen la transgresión de la obligación legal que tiene el proveedor de garantizar la veracidad de la oferta formulada, ya que en el ofrecimiento tiene lugar cierta intención dolosa y supone el empleo de métodos engañosos.
Igualmente, dicho esquema conlleva a una violación al derecho a la información establecido en los artículos 53 de nuestra Carta Magna y 33 de la Ley No.358-05 y representa una afectación de los intereses económicos de los consumidores, quienes se encuentran potencialmente expuestos.
La entidad protectora de los consumidores, revela en su instancia fechada el pasado dos de agosto, que este tipo de negocio se sostienen en empresas que en realidad son inexistentes y que dado a que sus operaciones implican cierto anonimato y una falta de información sobre los responsables (vendedores), facilitan los medios para la materialización de conductas ilícitas.
Además, este caso supone transacciones en criptomonedas que son monedas virtuales, no emitidas al amparo de una entidad reguladora del sistema financiero, ni respaldadas por ningún país ni agencia de gobierno, por lo que representan un riesgo para los intereses económicos de quienes ingresen en el negocio.
Las criptomonedas en el país fueron prohibidas conforme al Aviso de fecha veintinueve (29) de junio de 2017 emitido por el Banco Central de la República Dominicana, a requerimiento de la Junta Monetaria.
Por todo lo anterior, este tipo de operaciones coloca en riesgo el aporte de capital realizado por los ciudadanos (consumidores), ya que ante un incumplimiento de lo ofertado o prometido, no dispondrían de medios para obligar o conminar al cumplimiento del deudor (My Trader Coin).
Pro Consumidor alertó que esta entidad funciona en perjuicio a los consumidores, ya que se trata de un esquema de negocios que promete pagar intereses o beneficios económicos a los inversionistas, socios o afiliados derivados de las rentabilidades generadas a partir de la inclusión de nuevos inversionistas.
Dijo que Pro Consumidor está facultada para representar los intereses de la población consumidora ante toda clase de autoridad u organismo público o privado, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que sean requeridos.
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José Peguero 
AFP 
Amaury Mo