Santo Domingo. Representantes de entidades fiduciarias del país participaron en una capacitación sobre la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT).
Las capacitaciones forman parte de los esfuerzos que realiza el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), como ente regulador, para fortalecer los conocimientos que en torno al tema tienen los sectores que según la ley son sujetos obligados.
Las actividades formativas, que se imparten de manera gratuita, continuarán este sábado 19 de agosto con un taller dirigido a contadores y empresas de factoring. Asimismo, el sábado 26 del mes en curso se efectuará una capacitación a todos los sujetos obligados de la provincia de Santiago.
Los talleres se llevan a cabo en coordinación con el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Presidencia y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El taller dirigido a los representantes de las fiduciarias tuvo por título: “Reportes Regulatorios de Aspectos Legales y Buenas Prácticas Sobre la ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT)”, y en el mismo se enfatizó la importancia que tiene para estas entidades el reconocimiento de señales de alerta que pudieran ser claros indicios de crímenes financieros y lavado de activos, así como de la metodología ideal que permite la identificación y detección de este tipo de actividades ilícitas.
Los facilitadores a cargo del taller fueron Claudia Álvarez Troncoso, especialista Internacional en el área de anti-lavado de activos /financiamiento al terrorismo y cumplimiento regulatorio, y Roberto De Js. Mella Cohn, especialista internacional en finanzas corporativas y consultor tributario certificado, que ha participado en coordinación integral entre instituciones nacionales responsables de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Todos los sectores que según la Ley 155-17 son sujetos obligados, tienen la responsabilidad de diseñar y poner en funcionamiento un programa de prevención, cumplimiento y administración de riesgos en materia de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
