Santo Domingo. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aplazó por 90 días el otorgamiento concesiones de explotación y suspendió por seis meses la recepción de solicitudes de concesiones de exploración, con el propósito de fortalecer la normativa a través de resoluciones basadas en la ley que reorganicen este sistema.
Durante ese período, el MEM se concentrará en actualizar y complementar el sistema de evaluación de concesiones mineras, de manera que el mismo constituya un marco normativo adecuado a los nuevos tiempos.
Esta resolución no afecta a las solicitudes de explotación de pequeña minería existentes, que se encuentran en proceso de regularización, ni las concesiones mineras de exploración y explotación vigentes. Tampoco afecta las solicitudes de concesiones de exploración que fueron debidamente recibidas e inscritas en el Registro Público de Derechos Mineros a la fecha de la publicación de la resolución.
Energía y Minas planteó la necesidad de que sea debidamente formulado y normado el modelo de Contrato de Adhesión que será aplicable a los beneficiados de las concesiones de explotación, garantizando la seguridad jurídica de las concesiones y los propios intereses del Estado.
El MEM aclaró, sin embargo, que la culminación del procesamiento de esas solicitudes quedará pospuesto durante un período de noventa días hasta la emisión del documento modelo de Contrato de Concesión minera de explotación, ¨sin desmedro de cumplir con los requisitos y/o procedimientos aplicables en cada caso y establecidos en la Ley Minera No. 146-71¨.
De acuerdo con una resolución divulgada este viernes, el órgano rector energético y minero establece que ¨siendo más moderno, ágil y transparente¨, el nuevo conjunto de normativas ayudará a ¨cumplir su misión de incentivar la inversión y a la vez proteger el interés nacional¨.
Al valorar la decisión, el ministro Antonio Isa Conde dijo que “el Estado es el dueño de las riquezas del subsuelo y nosotros aspiramos que -sin afectar los intereses de los inversionistas- el negocio sea ganar-ganar, que el inversionista pueda ganar pero que el Estado también reciba los beneficios que le corresponden”.
Desde 2012 se están haciendo esfuerzos por regular la actividad minera, conforme a las mejores prácticas y a los intereses del país esta actividad. En septiembre de 2012 en el país habían 1,604,872 de hectáreas en solicitudes y concesiones de exploración y explotación y en agosto de 2017 han bajado a 772,496 hectáreas, de acuerdo con datos de la Dirección General de Minería.
