La Procuraduría General de la República hizo un análisis financiero, así como un informe de los movimientos y estados bancarios del exsecretario de las Fuerzas Armadas, general Pedro Rafael Peña Antonio, y el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez, principales acusados de recibir los sobornos para la compra de los aviones Super Tucano.
En la acusación, el Ministerio Público refiere que Piccini Núñez mantenía comunicación vía correo electrónico con los ejecutivos de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer).
En la publicación de Diario Libre este viernes el MP Señala que durante los años 2006-2011, Peña Antonio tuvo un enriquecimiento ilícito adquiriendo 13 inmuebles millonarios para sí y su familia y realizando movimientos por grandes volúmenes de fondos a partir del 2008. “Estos movimientos ascienden a valores aproximados de RD$171,630,922.25 y US$283,780.03”.
“Peña Antonio canalizó sus acciones y las diversas operaciones ilícitas por intermediario del coronel Piccini utilizando empresas privadas, contratistas y relacionadas a la entonces Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, para recibir los dineros del soborno transnacional”, dice la solicitud de apertura a juicio cuyas audiencias iniciarán el 26 de octubre de este año.
Esto, presuntamente, en función de que fue la persona que impulsó, dirigió el proyecto de los Super Tucanos en el país, así como las acciones ilícitas operadas en relación al soborno transnacional practicado por ejecutivos de la empresa Embraer.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) agrega que Carlos Piccini manejó productos de certificados financieros en dólares por valor aproximado a los US$444,940.37 y RD$5,685653.48 desde el 26 de agosto del 2010 al 27 de junio del 2011.
En el expediente también se añade el testimonio e interrogatorio de Ana María Capellán Ramírez, analista de registro contable de la también imputada empresa Magycorp, la cual “ha verificado en los registros de la compañía la recepción de US$78,650.00 a finales del año 2010 equivalente a la tasa promedio de 36.80×1 para un monto aproximado de RD$2,894,320.00 por concepto de viabilizar el proceso de compra de las aeronaves Super Tucano”.
El órgano investigador dice que la “suma fue entregada en efectivo al intermediario e imputado Carlos Piccini Núñez”.
Por este caso, la Procuraduría General de la República pide apertura a juicio también para la compañía 4D Business Grup y sus ejecutivos, Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, además de Ysrael Abreu Rosario, de Magycorp, y el notario Félix del Orbe Berroa.
