Miles de dominicanos y dominicanas, cuyos padres y madres nacieron en Haití, han perdido su nacionalidad y son hostigados cotidianamente por un Estado que los considera intrusos en su propia nación. Una decisión que encuentra sus raíces en décadas de desencuentro y hostilidad entre dos países que comparten una misma historia de opresión. Una misma isla en el Mar del Caribe, dividida por algo más que una frontera artificial manchada de sangre. Los gobiernos de República Dominicana, no sólo sus largas dictaduras sino también sus administraciones democráticas, sus clases dominantes y sus portavoces, han fomentado y mantenido este antagonismo que maltrata especialmente a los dominicanos y dominicanas más pobres.
“Ser haitiano o descendiente de haitianos en República Dominicana es una maldición”.
La frase pertenece a Deisy Toussaint, una de las protagonistas de Hasta la Raíz, largometraje documental que cuenta parte de la lucha emprendida por los dominicanos de ascendencia haitiana por recuperar la nacionalidad de la tierra donde nacieron. Deisy forma parte de las 133.770 personas que el 23 de septiembre de 2013 perdieron su nacionalidad dominicana debido a la Sentencia 168 del máximo tribunal de ese país. La sentencia, que se aplicó con carácter retroactivo para todas las personas nacidas en territorio dominicano desde 1929 de padres en situación migratoria irregular, arrebató el derecho adquirido por generaciones de personas que solo tenían una cosa en común: ser descendientes de migrantes haitianos.
El efecto devastador de la Sentencia 168 llamó la atención de muchos medios de comunicación en todo el mundo, pero la negación del derecho a la nacionalidad a los descendientes de haitianos está cimentada desde muchas décadas atrás. El padecimiento que hoy enfrentan los descendientes de haitianos para ser ciudadanos en República Dominicana es una continuación legalista de la tristemente célebre Masacre del Perejil.
Un pasado común tempestuoso
Desde sus dispares conformaciones como repúblicas, Dominicana y Haití, países que comparten la isla Quisqueya en las Antillas Mayores del Caribe, han crecido con profundas diferencias: dos idiomas producto de influencias coloniales distintas, la ocupación del ejército haitiano a territorio dominicano y el genocidio de miles de ciudadanos haitianos por órdenes del dictador Trujillo.
La relación entre los dos pueblos también tiene historias comunes: ambos provienen principalmente de la mezcla del inmenso contingente de esclavos traídos por los reinos de Francia, España y por bucaneros del Caribe anglófono y holandés durante cinco siglos.
República Dominicana y Haití también comparten la mezcla de mar y el océano, el gusto por la música bailable y el arroz con habichuelas, además de una tutelada historia común que mezcla batallas entre caudillos, matones en puestos de presidentes y el padecimiento del expansionismo capitalista y militarista de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Haití fue invadida en 1915 y República Dominicana, en noviembre de 1916 por los marines norteamericanos.
Deisy nació 75 años después de esas invasiones. Hija de una migrante haitiana y un dominicano, ella creció en medio de muchas carencias económicas que no impidieron que hoy sea una emergente escritora y periodista. A los 22 años, ganó un concurso de cuentos en su natal Santo Domingo. El premio era un viaje a Cuba, pero cuando fue a sacar su pasaporte, las autoridades del país se negaron a entregarle el documento porque su apellido, Toussaint, revelaba sus raíces haitianas.
l ejercicio cotidiano de la negación
Las personas dominicanas de ascendencia haitiana no se diferencian demasiado del resto de los habitantes de un país donde la mayor parte de la población es afrodescendiente. Quizás sea el uso del creole en la intimidad de la casa la característica más diferenciadora entre los hijos de los haitianos y quienes no lo son.
Aun así, muchas personas viven con temor porque el color de su piel es más oscuro y los nombres o apellidos son, por ejemplo, Jean, Pie, Luis, Chals. “Cada vez que voy para la capital estoy nerviosa. Cuando veo que entran los policías, es pa’rriba de mí que vienen porque uno tiene este colorcito. Desde que me ven, me piden los documentos”, afirma María, que vive en el suroeste del país. María se refiere a los chequeos militares que detienen unidades de transporte cargadas de pasajeros, exigiendo documentación sólo a aquellas personas de tez más oscura, sospechosa de ser haitiana.
El calvario que hoy continúan padeciendo los hijos de migrantes haitianos en Dominicana es el resultado de una práctica normalizada por décadas entre los mismos funcionarios del Estado. En el Archivo General de la Nación de Santo Domingo, todavía pueden encontrarse documentos oficiales que dan cuenta del esfuerzo de altos funcionarios públicos por negar el derecho a la nacionalidad a estos dominicanos y dominicanas.
Por ejemplo, en el año 1969 el funcionario encargado de la Dirección General de Migración escribió una carta dirigida a Joaquín Balaguer, ex ministro del dictador Trujillo y, a la sazón, presidente del país, delegado por los Estados Unidos luego de su segunda invasión a República Dominicana en 1965. En la carta, el funcionario animaba al presidente Joaquín Balaguer a controlar “la gran cantidad de haitianos existentes en nuestro territorio, que, por el hecho de tener hijos con mujeres dominicanas, son dominicanos”.
El Estado dominicano ha intentado sistemáticamente negar el derecho a ser dominicanos a los hijos e hijas de los haitianos nacidos en el territorio nacional. A veces con argucias legales como el cambio de la ley migratoria, la Constitución del país o la misma Sentencia 168, pero casi siempre con negaciones más sutiles, menos visibles para el resto de la sociedad: negaciones que las personas afectadas padecen cada vez que deben realizar un trámite legal o demandar sus documentos.
“¿Tú sabes lo que me hicieron allá en la Junta? Me mandaron a sacar la acta de defunción de mi madre, la foto de la tumba donde estaba muerta mi mamá y mi papá, se lo llevé pa’ allá y aun así no me quieren dar la cédula”, cuenta Altagracia que vive en un batey del Suroeste del país.
En República Dominicana es la Junta Central Electoral la institución responsable de emitir actas de nacimiento y cédulas de identidad, indispensables para realizar casi cualquier actividad civil: estudiar, trabajar, cotizar en un seguro de salud, declarar a los hijos e hijas, contraer matrimonio y tener una cuenta bancaria, entre otros.
“Cuando vamos a la Junta nos tratan mal, uno llega a la Junta y dicen: ¡Llegó un haitiano!”, cuenta Roberto, refiriéndose al trato que recibe por parte de los funcionarios, quienes usan el gentilicio “haitiano” como sinónimo de inferioridad.
Pero no solo la Junta Central niega los documentos. “Me trataron como una vulgar estafadora, mientras de un momento a otro me dejaron sin nacionalidad”, relata Deisy, cuyo pasaporte fue negado aludiendo que su apellido era “afrancesado” y, por tal motivo, cuestionando que hubiera nacido en el país.
Esta persistente negación responde a más de ocho décadas de planificada división entre las poblaciones dominicana y haitiana. En su afán de perpetuar su hegemonía política, la clase dominante dominicana ha construido una historia de rechazo constante de cualquier forma de coexistencia con Haití y los haitianos.
La ideología anti-haitiana del Estado dominicano
El escritor y ex presidente dominicano, Juan Bosch, describió al gobierno de Rafael Leónidas Trujillo como “la tiranía que no tiene ejemplo en la historia americana, tan pródiga en tiranos”.
Trujillo construyó su imperio dominante de 31 años usando a los campesinos sin tierra como soldados a sueldo y, luego, como ejército de ocupación en su propio país. Desde la jefatura del gobierno lanzó una máquina de terror sobre cualquier disidencia política, creó un partido único y prohibió la libertad de prensa.
Hace ya 80 años, en octubre de 1937, Trujillo ordenó a sus tropas una masacre conocida como “Masacre del Perejil” para erradicar de forma masiva la población de origen haitiano que residía en las fincas agrícolas, situadas a lo largo de la frontera entre ambos países. Quizás nunca se sepa con precisión cuántas personas fueron asesinadas por ser haitianas o negras, pero diversas fuentes sitúan la cifra entre 9 y 20 mil. Donde Trujillo tenía sus fincas, no murió ningún haitiano.
La construcción de esta ideología anti-haitiana fue responsabilidad de Trujillo, aunque los gobiernos posteriores no han hecho esfuerzos significativos para derribarla. De hecho, muchos de estos gobiernos utilizaron en el pasado, y continúan haciéndolo, el llamado “tema haitiano” como una cortina de humo para desviar la atención de la opinión pública sobre los grandes problemas nacionales.
Así, mientras su mano de obra barata y sin acceso a la seguridad social es usada en las industrias de la construcción, agricultura y servicios, a los haitianos se les responsabiliza de una supuesta “invasión silenciosa” a República Dominicanapara, lentamente, apoderarse de la República Dominicana, tal como ocurrió durante la ocupación entre 1822 y 1844.
La promoción del antihaitianismo ha tenido resultados sobre todo en los descendientes de esos migrantes. Y aunque ha sido una lucha muy desigual, un importante grupo de dominicanos de origen haitiano tienen años organizándose para exigir al Estado dominicano el reconocimiento de su derecho a la nacionalidad.
La descendencia cimarrona
Aunque existen importantes antecedentes de esta práctica, fue a partir del año 2007 cuando el Estado dominicano comenzó a negar formalmente la renovación y adquisición de actas de nacimiento, cédulas y pasaportes a personas dominicanas de ascendencia haitiana, provocando así su desnacionalización y consecuente condición de apatridia.
Ese año la Junta Central emitió la Resolución 12 con el fin de depurar el registro civil dominicano suspendiendo provisionalmente la expedición de documentos “viciados o instrumentados de manera irregular”, pero en la práctica suspendía indefinidamente la entrega de actas de nacimiento y cédulas de identidad a hijos de haitianos. Muchas de estas personas, jóvenes, que en su mayoría no llegaban a los 25 años, comenzaron a organizarse para resistir el avasallamiento que se aplicó sobre ellos. La mayoría proviene de bateyes, poblaciones crecidas en las órbitas de los ingenios azucareros.
Durante 6 años, el nivel de conciencia política, movilización social y exigencia no violenta al Estado fue en aumento. Estos jóvenes, acompañados por diversas organizaciones sociales, levantaron con creatividad a la opinión pública alrededor de una demanda muy concreta: todas las personas nacidas en territorio dominicano previo al cambio de la Constitución en el año 2010 tienen derecho a la nacionalidad dominicana.
Por eso, la Sentencia 168 emitida en el año 2013 polarizó a tanta gente, desde quienes consideran a estas personas como haitianas y quienes las reconocen como dominicanas. La presión a nivel nacional e internacional al gobierno de Danilo Medina aumentó, y el presidente se vio forzado a ofrecer una alternativa legal para atender la demanda de las personas afectadas por dicha Sentencia.
Así fue como, en el año 2014, se promulgó la Ley de Naturalización o Ley 169-14. Esta ley segregó a las personas afectadas en dos grupos: el Grupo A, consistente en personas nacidas en República Dominicana y asentadas en el registro civil dominicano como tales, y el Grupo B, consistente en personas nacidas en República Dominicana que nunca fueron registradas en el registro civil.
Desde que comenzó a implementarse esta ley, los funcionarios del Estado dominicano encargados de aplicarla, continuaron ejerciendo criterios arbitrarios, exigiendo a las personas afectadas requisitos no previstos para optar por la entrega de sus documentos. Sobre algunos de estos funcionarios recaen también acusaciones de maltrato verbal en base a argumentos racistas y xenófobos.
Luego de 3 años de promulgada, la Ley 169 no ha resuelto la situación de acceso efectivo a la documentación y pleno disfrute de la nacionalidad dominicana. Según las organizaciones sociales que acompañan a los afectados solo 13.495 personas han recuperado sus documentos de identidad; es decir, menos del 10% del total. Pero, paradójicamente, la misma ley dio la impresión equivocada a la opinión pública de que la situación había sido resuelta.
Así, las personas afectadas continúan padeciendo los efectos de la falta de documentación, principalmente los que tienen que ver con el ejercicio de los actos civiles más elementales. También sufren efectos menos visibles, como depresión, impotencia, autoexclusión, miedo a la estigmatización por parte de los organismos de seguridad del Estado y hasta resignación.
“Yo me siento como una persona que…cómo te digo, el que no tiene papeles es igual a un perro”, afirma Soraida del batey 8, provincia Bahoruco.
A pesar de esto, muchas personas dominicanas de ascendencia haitiana continúan considerándose a sí mismas dominicanas gracias al derecho adquirido al momento de su nacimiento, mientras buscan alternativas para reorganizarse y presionar por una salida justa a la discriminación que sufren cotidianamente. Deisy Toussaint pagó un viaje a su padre dominicano que vive en el extranjero para que la reconociera como su hija, y así poder recuperar su nacionalidad dominicana. Hoy, en sus documentos de identidad, aparece como Deisy de Jesús Toussaint.
Ella, al igual que miles de dominicanos y dominicanas, espera que el Estado establezca un proceso efectivo para que los hijos de haitianos nacidos en República Dominicana puedan disfrutar plenamente del derecho a vivir en la tierra donde nacieron y quieren seguir perteneciendo.
Fuente: ELPAIS
