El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de Perú, Guido Aguila Grados, pidió hoy a los ciudadanos latinoamericanos que concedan «el beneficio de la duda» a la justicia de sus países en lo que se refiere al caso Odebrecht, aunque advirtió de que llegar hasta el final «llevará tiempo».
Aguila Grados se encuentra en Miami para presentar en la Universidad San Ignacio de Loyola su libro «El precedente constitucional», con el que trata de ayudar a resolver problemas creados con la «abrupta» introducción de los precedentes, una figura del derecho anglosajón, en el sistema procesal de Perú.
El jurista aseveró a Efe que «por ahora» no hay indicios de que la trama de corrupción montada por la constructora brasileña para obtener contratos del Estado en varios países de América Latina haya alcanzado al poder judicial peruano, aunque se sigue investigando.
Sí se ha comprobado que Odebrecht pagó sobornos por 29 millones de dólares a distintos gobiernos peruanos y funcionarios responsables de contrataciones públicas y apoyó a candidatos en elecciones con el fin de tener garantizadas adjudicaciones de obras.
Un punto clave es conocer con precisión «cuál fue el radio de acción» en Perú de la corrupción de Odebrecht, que en total salpica a 12 países latinoamericanos, indicó.
No obstante, «hay unanimidad en que el problema principal de la justicia en Perú no es la corrupción, sino la demora» en resolver, subrayó Aguila Grados.
El hecho de que dos expresidentes peruanos, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, estén procesados y un tercero, Alan García, investigado por su presunta implicación en la trama Odebrecht dice cosas positivas de la justicia peruana, pero Aguila Grados no cree que sea «un buen mensaje», especialmente para los jóvenes.
«Más allá de que la justicia hace el papel que le corresponde, se erosiona la confianza en las autoridades», subrayó el responsable del CNM, un órgano independiente y apolítico creado a partir de la Constitución de 1993 con la misión de nombrar, ratificar y destituir al cien por cien de los jueces, fiscales y otros agentes judiciales del país.
Aguila Grados considera «una falacia» pensar por los casos de Humala (2011-2016) y Toledo (2001-2006) y la investigación sobre García (1985-1990 y 2006-2011), que ya en los años 90 fue procesado por corrupción, que Perú sea el país más corrupto de América Latina.
Sobre Toledo, que ha sido reclamado a Israel, donde está radicado actualmente, afirmó que entiende que los ciudadanos se impacienten por el hecho de que no esté ya en Perú a disposición de la justicia, pero precisó que la extradición es un ámbito del ejecutivo, no del poder judicial.
Consideró importante en este caso que Josef Maiman, que «fungió como testaferro de Toledo», se haya convertido en «colaborador eficaz» de la justicia peruana.
Por «responsabilidad» no quiso opinar sobre si está o no de acuerdo con que se indulte al también expresidente Alberto Fujmori (1992-2000), que cumple condena por delitos de lesa humanidad y otros como malversación, y se limitó a señalar que es una potestad que le corresponde al jefe del Estado.
Aguila Grados insistió en la entrevista en que es necesario dotar al poder judicial de autonomía económica para hacer a la justicia más moderna y «justa» en Perú.
Eso pasa no solo por acortar los plazos procesales, que hoy duran «añares», sino por una mayor capacitación y formación de quienes van a ser agentes de la justicia desde la universidad y también por dar una cierta «predecibilidad» a los fallos mediante una correcta aplicación de los precedentes (jurisprudencia). EFE
