De acuerdo a las investigaciones preliminares que realiza el Ministerio Público, el oncólogo César Núñez, habría certificado el cáncer de lengua de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, antes de recibir los resultados del laboratorio. El galeno, que ha sido interrogado varias veces por la Inspectoría del MP, negó haber recibido sobornos para certificar la enfermedad de Quirinito y ha reiterado que sí fue su paciente y que “se veía enfermo”.

Sin embargo, durante un interrogatorio que se realizó el pasado martes a las doctoras Madelin Castillo del Laboratorio Clínico de Patología (LAPCI) y María Robledo de Laboratorios Contreras Robledo, ambos laboratorios ubicados en la Clínica Unión Médica, se comprobó que fueron llevadas muestras de un paciente con el nombre de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, pero que no pertenecían a él, sino a otro paciente que sí padecía cáncer de lengua.



Las muestras, consistentes en tejidos de piel, las habría llevado el oncólogo César Núñez, quien estaba tratando el cáncer de lengua que supuestamente padecía Quirinito; por lo que se presume que los resultados de estas muestras permitirían afianzar el plan de fuga, que se materializó a mediados de este año.



Frente a esto, los investigadores se preguntan, ¿por qué el doctor que estaba tratando el cáncer de lengua que Quirinito, llevó muestras de piel y no de la lengua?

Indica el periódico El Caribe que durante el interrogatorio a las galenas, se estableció que el laboratorio sí hizo las pruebas al tejido de piel, pero no detectó ningún tipo de cáncer, por lo que se emitió un certificado negativo e informaron de manera oportuna al doctor Núñez. No obstante, éste no retiró los resultados.

El oncólogo al saber que los resultados salieron negativos, llevó tejidos cancerígenos de lengua, pero a otro laboratorio, en el cual explicó que eran muestras del paciente Pedro Alejandro Castillo Paniagua y antes de recibir los resultados de la prueba, habría emitido con premura un informe certificando el cáncer. Informe que aparece con su rúbrica en el expediente.

Falsificaron documentos

Tras conocerse en diferentes medios de comunicación que alias Quirinito fingió su muerte para escapar, un mensajero con cédula falsa se presentó al laboratorio a buscar los bloques donde estaban las muestras que dieron positivo el cáncer de lengua y las retiró, por lo que se presume que lo hicieron para evitar que se tomaran esas muestras y por ADN se estableciera que efectivamente no correspondían a Quirinito, sino a otro paciente que sí padece cáncer.

En los documentos que reposan en el expediente de Quirinito, se detectó que las pruebas de laboratorio fueron retiradas con una solicitud firmada por la doctora Nixiara Rodríguez, pero tal y como se evidenció a través de una experticia caligráfica, la firma de la doctora fue falsificada y por ello el mensajero que las retiró, se presentó con una cédula falsa.

De esta forma, quienes armaron la trama para el escape de Quirinito, buscaban que no se supiera con certeza quién retiró los resultados de las pruebas y los bloques con las muestras.

Una vez que se corrobora esta información y aparece el nombre de la clínica Unión Médica con el tema de los resultados de cáncer y las irregularidades, los directivos de ese centro médico llamaron al oncólogo Nuñez para que se presentara a la clínica el 28 de septiembre y detallara qué había ocurrido. Efectivamente, éste se presentó pero junto al abogado Félix Portes, quien explicó a los dueños de la clínica que todo lo que Núñez había hecho era correcto.

De acuerdo a las indagatorias, Quirinito desapareció el pasado 5 de julio, luego de que la jueza de la Oficialía de Estado Civil de la Segunda Circunscripción de San Francisco de Macorís, Teresita Sánchez Español, emitiera un acta de defunción donde certificaba la muerte, por un infarto de alias Quirinito.

Hasta ahora, a pesar de que se emitieron alertas nacionales e internacionales para su captura no hay rastros de él y las autoridades sólo han confirmado que está vivo y prófugo. En el acta de defunción número 239, que fue entregada por la Junta Central Electoral al Ministerio Público y a la Policía Nacional, la jueza establece que a las 2:32 de la tarde del 6 de julio compareció a su oficina el señor Israel Antonio Méndez Martínez, quien le indicó que Quirinito murió en su casa, donde cumplía prisión domiciliaria, “a causa de fallo cardíaco, debido a infarto agudo al miocardio y carcinoma epidermoide de base de la lengua”.

Castillo Paniagua fue condenado en abril del año 2013 a 30 años de prisión por el asesinato del español Gustavo Adolfo Cervantes (Waikiki), hecho ocurrido el 10 de septiembre del año 2008; sin embargo la Corte de San Francisco de Macorís le varió la pena a 20 años de prisión y tras su parcial cumplimiento, fue enviado a prisión domiciliaria por problemas de salud, en mayo de este año.
Posteriormente, en julio se emitió un certificado de defunción. Previamente se le había diagnosticado cáncer en la lengua, pero la inconsistencia de los informes y la ausencia de pruebas sobre su muerte, obligaron a la PGR a iniciar una investigación que determinó que Quirinito no está muerto.

Ningún interrogado ha admitido participación

Desde que se inició la investigación por este caso, el Ministerio Público ha interrogado al menos a 25 personas, incluyendo jueces, fiscales, médicos y abogados, pero ninguno de ellos ha admitido haber participado en el diseño y ejecución del plan de fuga.

Los primeros en ser interrogados fueron Ivanna Rodríguez, abogada de Quirinito; Jennifer Domínguez, esposa de Castillo Paniagua; César Augusto Núñez, oncólogo que certificó que el hoy prófugo tenía cáncer; Orlando Herrera Robles, médico legista que certificó la supuesta muerte de Quirinito, Nizara Rodríguez Inocencio, directora del Centro para Tratamiento Integral del Cáncer y la abogada Rocío Reyes Inoa, quien participó en la variación del cumplimiento de la pena. Estas personas fueron interrogadas por el inspector general del MP, Bolívar Sánchez y el inspector de la PGR, Domingo Cabrera. Además se han suspendido de sus funciones al menos a 5 funcionarios.