El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), decidió aplazar cualquier decisión respecto de la integración o no, en una misma estación, del expendio de combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo, porque su prioridad es concluir los procesos de reformas normativas y de regularización de todas las estaciones de expendio de combustibles existentes, tanto líquidos (gasolina, gasoil y otros), como gaseosos (gas propano y gas natural).

En un comunicado en el que fija su posición acerca del debate que mantienen los distribuidores de gasolina y gasoil que propugnan porque se permita vender tanto combustibles líquidos como gaseosos en una misma estación, el MICM sostiene que “lo urgente es ejecutar el Plan de Regularización diseñado para resolver una delicada situación que ha estado pendiente por décadas”, pero que implementa con éxito desde agosto de 2016.



Para postergar la decisión sobre si se permite o no vender gas y combustibles líquidos en una misma estación, Industria y Comercio plantea que “los riesgos potenciales que derivan de una operación mixta, demandarían de un marco regulatorio más estricto, mayores recursos operativos, técnicos y logísticos, así como del perfeccionamiento de mecanismos de supervisión y control mucho más sofisticados que los vigentes”, en el entendido de que “no se trata de la simpleza de agregar un producto en un local, sino de una nueva categoría de estaciones”.



Sostiene que la decisión de permitir o no el expendio mixto de combustibles líquidos y de GLP debe incluir también una evaluación, más allá de los intereses económicos sobre la necesidad y conveniencia, en la dado el gran número de estaciones existentes, “su creación luce de poco beneficio para la población dado que, en adición a la proliferación de estaciones, el precio de los combustibles no está determinado por la libre competencia”.

Manifiesta que “crear una nueva modalidad de expendio, en un escenario como el actual en que se incumplen normas elementales de seguridad, de construcción y medio ambientales, impactaría negativamente en el incremento de los riesgos a la población”.

La decisión plantea que el proceso de “la regularización, definición de reglamentos y normas, incluyendo las de seguridad y calidad, para adecuar el sector de los combustibles, es una ardua tarea que podrá conllevar algunos años de trabajos sostenidos”.