El 9 de noviembre de 2016, el mundo entero se paralizó en lo que parecía ser la única noticia internacional que tenía todas las miradas hacia Norteamérica. Donald John Trump de 71 años era electo el 45° presidente de los Estados Unidos, ante la incredulidad de quienes lo vieron realizar una campaña política poco usual en la nación de las barras y las estrellas.
Hoy, a un año de su victoria, el mandatario se encuentra de gira en un país ampliamente mencionado durante su carrera a la Casa Blanca: China, ese gigante al que no solo acusó de inventar el calentamiento global, sino que, evidentemente, le generaba escozor debido a que el también empresario lo consideraba un “importador invasivo” con el permiso de los anteriores gobiernos. Incluso llegó a considerarlo en uno de sus desafiantes tuits como “enemiga de Estados Unidos”.
“Nunca me doy por vencido”
Programada o no, lo cierto es que la fecha del primer aniversario lo encuentra con una visita en ese territorio asiático que fue uno de los principales motores de queja durante su campaña electoral, también marcada por otros mediáticos episodios, como la publicación de The Washington Post en octubre de 2016 en la que aseguraba al anfitrión de Access Hollywood, Billy Bush, que “puedes hacer lo que sea con las mujeres” en una conversación más que subida de tono, la cual tuvo lugar en 2005 y revelaba, según sus detractores, la cara más cínica del multimillonario, incapaz de tener un mínimo respeto hacia la sociedad y sobre todo a las mujeres.
Solo horas después, el magnate declaraba al periódico The Wall Street Journal: “Hay cero posibilidades que renuncie”, desafiando (nuevamente) a sus más acérrimos críticos que pedían hacer a un lado su candidatura presidencial. “Nunca me doy por vencido” sentenció el nunca visto golpeado públicamente por ningún escándalo, Donald Trump.
Bajo esa premisa aparentemente imbatible, hoy revisamos algunos de los más polémicos decretos ejecutivos de la administración Trump, en materias como salud, inmigración y comercio exterior, algunos de los cuales han sido bloqueados -irónicamente- por los propios ciudadanos estadounidenses y hasta por miembros de su mismo partido.
“Obamacare, don’t say goodbye”
Su primer decreto firmado, tenía que ser uno representativo de las objeciones a su antecesor, Barack Obama.
Donald Trump estampaba su estrenada rúbrica como presidente en una orden ejecutiva que daba luz verde al secretario de Salud y otras autoridades a dilatar la implementación de cualquier provisión de ACA (conocida popularmente como Obamacare) que implique una carga financiera o una carga regulatoria a cualquier individuo en la “máxima extensión permitida por la ley”.
Para entender mejor el Obamacare, este contempla que las aseguradoras cubran prestaciones esenciales, como atención ambulatoria, servicios de emergencia, hospitalización, embarazo, maternidad, atención al recién nacido, salud mental, tratamiento por drogadicción y atención pediátrica, incluso con atención dental para los menores de edad.
Trump contraatacó los meses subsiguientes tratando de obtener los votos del Legislativo estadounidense para su propio programa de salud, una especie de “Trumpcare”. Pero en julio de 2017, restado el apoyo de 3 senadores republicanos conservadores, entre ellos el excandidato presidencial John McCain, el Senado truncó su iniciativa y promesa de campaña de eliminar este beneficio de salud de la administración Obama.
Sin embargo el programa no habría salido indemne, ya que portales informativos proinmigrantes como Conexión USA, hablan de la dificultad que representa obtener los beneficios de un debilitado programa de salud de la administración Obama, dada la escasa promoción gubernamental al respecto.
Trump y su ofensiva anti inmigrante
Trump se convertía en el nuevo presidente de los Estados Unidos con un electorado tomando su decisión, pese a la campaña política marcada por escándalos y señalamientos xenófobos contra el mundo árabe y Latinoamérica. La directa alusión se ejemplifica en nuestro propio continente. Los mexicanos, a quienes calificaba como violadores, traficantes de droga y criminales, tuvieron que soportar incluso que ratificara a domicilio la construcción de un muro en la frontera con su país para supuestamente detener la migración ilegal hacia Estados Unidos.
De hecho, los periódicos hicieron eco de lo que millones de mexicanos consideraron una humillación, cuando Trump le aseguró a su homólogo Enrique Peña Nieto que la construcción de ese muro de 3.218 kilómetros -la distancia entre Arica y Castro, en Chiloé- correría por cuenta de Los Pinos, la casa de gobierno azteca.
Ya para enero de 2016, Trump ordenaba a la Secretaría de Seguridad Nacional que iniciara la planificación para la construcción de este muro de la discordia, y que paralelamente terminara con la política de “captura y liberación” de inmigrantes mientras se resolvían sus casos. A partir de esa fecha, las agencias que velan por el cumplimiento de las leyes de inmigración no dejarían libres a los indocumentados cuando sean detenidos por cualquier razón legítima. Por si fuera poco, se ordenaba la contratación de al menos 5.000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y otras 10,000 personas para la Fuerza de Aduanas e Inmigración (ICE)
A esto se sumó la orden para que el Fiscal General frenara el envío de fondos federales a jurisdicciones consideradas santuario, entre estas Nueva York, Miami y Los Angeles. El término Ciudades Santuario está ligado a la declinación de funcionarios locales de hacer cumplir las leyes de inmigración y dejar de lado la sistemática persecución de indocumentados por sus rasgos físicos u otra condición similar que los delate.
Pero a poco más de dos meses de la orden ejecutiva, un juez de California propinaba el primer revés a la administración Trump, al bloquear la iniciativa de negar fondos desde la Casa Blanca a esas ciudades.
Bajo el resquicio legal de revertir la decisión ante un tribunal de apelaciones estadounidense y con el precedente de una negativa hacia Trump, otro juez negó la petición del Ejecutivo de prohibir la entrada de refugiados de seis países musulmanes. Otro golpe de martillo judicial que continua vigente en varias cortes desafiando la palabra del presidente 45° de los Estados Unidos de América.
Qué bonita vecindad: Trump da la espalda al TPP
Trump dejó claro con otra de sus polémicas decisiones que no estaba interesado en mantener la sonrisa en otros gobiernos si el número de dientes no era directamente proporcional a sus intereses financieros. Prueba de ello es que en materia económica dejó sin efecto la participación de su país en el TPP (Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio) firmado por la administración Obama junto a 11 naciones más, entre ellas México, Perú y Chile.
El desdén, también propinado a Asia, llegó a solo 3 días de ser juramentado como mandatario y gracias a que la Casa Blanca tuvo muy visible el atajo, dado que el Senado no ratificaba aún el acuerdo que sujetaba al gigante del norte conectándolo además con Asia Pacífico.
Países como Chile reaccionaron a la medida adoptada por el entonces estrenado presidente Trump. Analistas consideraron que el acuerdo sería inviable sin su socio norteamericano, generando saldos rojos ante la falta de exportaciones. En consecuencia, la cancillería chilena anunciaba su retiro del pacto pese al resto de mercados asiáticos emergentes en este tratado
El des-acuerdo de París
A mediados de 2016, teniendo clara su postura en torno al calentamiento global (según él, un invento de China), Trump decidió lanzar su propia geotormenta y realizó el anuncio del retiro estadounidense del Acuerdo de París, un pacto sellado en 2015 por 195 países, enfocados en la necesidad de revertir los efectos del cambio climático en el mundo.
La decisión trajo un vendaval de críticas de las naciones precursoras de esta iniciativa, pero el presidente de los Estados Unidos subía aún más la temperatura de las aguas al declarar que el acuerdo reñía con los intereses económicos de su nación debido a las imposiciones a la industria norteamericana, peligrando sus exportaciones, generación de energía y empuje como potencia mundial.
Otro significativo paso a la salida del Acuerdo de París llegó hace casi tres meses, cuando EE.UU. presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su primer escrito para iniciar su retiro, el cual ninguna nación puede concretar antes del 4 de noviembre de 2019.
Trump, inevitablemente, tuvo que reconocer que se mantendrá hasta entonces en las conversaciones que rodean el pacto.
TPS: Centroamérica y el efecto Trump
Finalmente y a solo unos días de cumplir un año desde su elección, el efecto Trump, cual huracán, se dejaba sentir en cientos de miles de familias de países como El Salvador, Honduras y Nicaragua. Para este último, el Estatus de Protección Temporal (TPS) quedó sin efecto el pasado 6 de noviembre para al menos 5.300 de sus ciudadanos que viven en calidad de amparados en los Estados Unidos. La figura de este estátus acoge a las naciones mencionadas desde la década de los 90, por provenir territorios golpeados por desastres naturales o conflictos armados.
Honduras, con más de 80 mil acogidos al TPS, obtuvo una prórroga de 6 meses, durante los cuales el Ejecutivo estadounidense pasará revisión las condiciones para mantener o no el programa para los hasta el momento beneficiados, con el telón de fondo de la preocupación por lo ocurrido a los vecinos nicaragüenses.
Otro país en la mira y quizá el más perjudicado ante una posible decisión negativa es El Salvador, que comparte dentro y fuera de sus fronteras la preocupación de correr con la misma suerte de Nicaragua, pero con una cantidad de acogidos al TPS que supera las 260 mil personas.
Sin embargo el gobierno de Donald Trump postergó para enero de 2018 su respuesta al gobierno salvadoreño sobre si mantendrá o no vigente este programa, el cual no requiere ningún visado del legislativo estadounidense para dejarlo sin efecto.
Las políticas de Trump le pasan la cuenta
Los obstáculos en la administración Trump no sólo están marcados por los desacuerdos con algunos de sus decretos por parte del poder legislativo y el judicial estadounidense. Vienen también en cifras mediante el sistema de medición popular al que es sometido cualquier político en democracia: las encuestas de opinión.
La popularidad del jefe de Estado ha registrado desde enero de 2017, al inicio de su mandato, un franco descenso pese a que el 45% inicial ya es considerado un punto bajo si lo analizamos como punto de partida aún sin descontento ciudadano.
Al parecer, los vínculos de su campaña política con Rusia significó uno de los aspectos más negativos considerados por sus compatriotas, que le han hecho perder 10 puntos porcentuales en la cuota de confianza ciudadana, cayendo a un actual 35%.
La estrategia a seguir por Trump en los próximos meses tiene en expectativa al mundo ante un posible cambio de timón en el barco de la administración o, muy posiblemente, la agudización del efecto que su personalidad ha puesto en la mesa de discusión no solo de su país, sino de las naciones afectadas directa o indirectamente por estas.
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