A casi dos meses del siniestro automovilístico ocurrido al finalizar la marcha por el fin de la impunidad en La Vega y que costó la vida de los activistas Carlos Campusano, Humberto Espinal y Julio Marte, el Ministerio Público no ha realizado ninguna gestión para esclarecer las circunstancias del hecho, denunciaron representantes de Marcha Verde del Campamento Loma Miranda y el Distrito Nacional.
El 17 de septiembre, un grupo de activistas fue arrollado por un vehículo cuando se dirigían al Campamento Loma Miranda, impactando a ocho personas de las cuales murieron tres. A pesar de los reclamos de familiares y compañeros de que sea investigado el hecho, el Ministerio Público no ha presentado aún expediente acusatorio.
El señalado como responsable de la embestida, Allan Arturo Marcial Ramos, está aún en libertad y no ha rendido cuenta a las autoridades pertinentes.
De acuerdo al colectivo, además el vehículo con el que se provocó el hecho fue desaparecido, luego de que fuera entregado al Ministerio Público.
“Sospechamos que existe una determinación de las autoridades por garantizar impunidad a los responsables de los mismos. Ante esta conducta de quienes deberían proteger los derechos de las víctimas, queremos dejar constancia de nuestro repudio a estos actos del Ministerio Público que denunciamos y alertar al país del inminente peligro que significa para la democracia”, advirtieron en rueda de prensa frente a la Procuraduría General de la República.
Instalarán Plaza Contra la Impunidad en memoria de las víctimas
Los activistas de Marcha Verde en el Campamento Loma Miranda anunciaron que las familias y compañeros de las víctimas instalarán el próximo viernes 17 de noviembre, la Plaza contra la Impunidad y por la Justicia, que llevará los nombres de las personas que murieron en el terrible incidente.
Llamaron además a todas las asambleas de Marcha Verde y a todos los sectores sensibilizados con la lucha por el fin de la impunidad a conversar sobre esta situación y asumir un plan de lucha concreto por los derechos de la población y contra los actos delincuenciales dirigidos a censurar las acciones de reclamo de justicia de la ciudadanía.
