Santo Domingo. Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogieron la solicitud de la Fiscalía y condenaron a cuatro policías y siete civiles, acusados por el Ministerio Público de formar parte de una red dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos.
Los imputados José Ángel González Benítez, José Alfredo Díaz y Eddy Antonio Abad de los Santos, fueron sentenciados a 12 años de prisión, cada uno, tras ser hallados culpables de traficar 2.10 kilos de cocaína. A De los Santos, además, se le ocupó además 511 miligramos de cocaína.
Por el mismo hecho también irán a prisión los agentes de la policía nacional Winston Liriano Martínez, Guillermo Adriano Ruiz, Aníbal Enríquez Díaz y Edwin Osaylin Cornielle Basora, estos a 10 años de cárcel cada uno. Además se les acusó de porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La acusación presentada por el Ministerio Público establece que conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (Dncd), se le daba seguimiento electrónico a la red, obteniéndose conversaciones relativas al tráfico de drogas y al lavado de activos.
Los condenados fueron arrestados en la avenida George Washington y en la avenida El Puerto, en fecha 8 de abril del año 2014, momentos en que se disponían a realizar transacciones de drogas.
Con relación a los civiles Juan Pablo, Marcia y Miguelina Ferrer, también miembros de la organización criminal, los jueces ordenaron una pena de 5 años de prisión y el pago de 50 salarios mínimos, cada uno, por incurrir en lavado de activos provenientes de narcotráfico. Además se dispuso el decomiso de todos los bienes incautados a los condenados mencionados y los de Eddy Antonio Abad de los Santos, valorados en más de 200 millones de pesos.
Los bienes decomisados fueron el edificio Gustavo I, la torre Ferred II, el condominio Merci I, un apartamento de lujo ubicado en la torre Shalom en Piantini, un apartamento en el residencial Mercedita, y varios vehículos, entre otros.
Las juezas Gissell Méndez, Ingrid Fernández y Claribel Nivar Arias, validaron la petición del Ministerio Público, representado en audiencia por la procuradora fiscal de Corte Sourelly Jáquez Vialet, adscrita a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, y las procuradoras fiscales litigantes María Cristina Benítez y Rosa Alba García.
“Esta organización criminal lavaba el dinero en el sector inmobiliario y también usaban el “pitufeo”, a través de remesas enviadas desde España a la República Dominicana”, enfatizó Jáquez Vialet.
