El Congreso peruano se apresta a destituir este jueves al presidente Pedro Pablo Kuczynski por «incapacidad moral», días después de que la constructora brasileña Odebrecht revelara que hizo millonarios pagos por asesorías a empresas ligadas a él.
Kuczynski denunció un «golpe» de Estado en su contra y dijo que defenderá su «capacidad moral» cuando comparezca ante un Congreso decidido a destituirlo.
«Estamos ante un golpe bajo el disfraz de interpretaciones legales supuestamente legítimas», afirmó el presidente, quien sin embargo pidió «disculpas» a los peruanos por haber sido «desprolijo» al manejar sus negocios e informar sobre ellos.
«Ser descuidado y desprolijo es un defecto pero no es, no ha sido, ni será jamás para mí una herramienta de deshonestidad y mucho, mucho menos, de delito», agregó Kuczynski, quien denunció haber sido «anticipadamente» condenado.
A menos de que ocurra un milagro, Kuczynski se convertirá en el primer presidente en perder su puesto por vínculos con Odebrecht, empresa envuelta en el pago de sobornos en varios países de América Latina para conseguir millonarios contratos de obras públicas.
El Congreso inició el proceso de «vacancia» presidencial después de que Odebrecht revelara que había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas a Kuczynski cuando era ministro.
El mandatario ha negado que hubiese un conflicto de intereses con esas operaciones, afirmando que en esa época todos los negocios los manejaba su socio, el chileno Gerardo Sepúlveda.
«Defenderé mi capacidad moral» ante el Congreso, dijo el mandatario de centroderecha, quien venía negando desde antes de asumir el mando, el 28 de julio de 2016, que tuviese vínculos con Odebrecht, hasta que fue desmentido por la propia empresa.
Acompañado por su abogado Alberto Borea, el presidente tendrá dos horas para exponer sus descargos ante un Congreso dominado por la oposición fujimorista, en una sesión que comenzará a las 09H30 locales (14H30 GMT).
Empresario, de 79 años, con experiencia y amigos en Wall Street, Kuczynski ha dicho que nunca recibió un pago ilegal de Odebrecht, pero hasta sus partidarios admiten que no dio explicaciones «claras» sobre el tema y tres de cada cinco peruanos piensan que debe abandonar el poder, según encuestas.
Hace ocho días este escándalo de corrupción se cobró otra prominente víctima en el vecino Ecuador, donde el vicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de cárcel por recibir sobornos.
Después de escuchar los descargos de Kuczynski, el Congreso iniciará un largo debate antes de votar la destitución. Para aprobarla, se requieren 87 votos de los 130 escaños del Parlamento.
Los votos parecen asegurados, puesto que el proceso de vacancia fue iniciado por petición de 93 legisladores. El partido de Kuczynski solo cuenta con 17 bancas.
– «Que se vayan todos los corruptos» –
La OEA anunció que enviará una misión a Lima a observar el proceso de destitución de Kuczynski, integrada por Jean Michel Arrighi, secretario de Asuntos Jurídicos, y Gustavo Cinosi, asesor senior del secretario general, Luis Almagro.
Si Kuczynski es destituido, el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, debe asumir el mando por el resto del periodo, que culmina el 28 de julio de 2021.
Ingeniero, de 54 años, Vizcarra servía como embajador en Canadá y regresó apresuradamente a Perú ante la agudización de la crisis política.
El partido fujimorista Fuerza Popular ha mantenido contra las cuerdas a Kuczynski desde que comenzó su mandato y ahora impulsa su destitución.
Pero el fantasma de Odebrecht también persigue a los rivales del mandatario, entre ellos Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, quien es investigada por supuestos pagos recibidos de la empresa brasileña.
En muestra de la desconfianza hacia los políticos en general, miles de peruanos marcharon el miércoles en Lima para exigir «que se vayan todos los corruptos».
«Marchamos contra los corruptos de Odebrecht», dijo la estudiante Rosa Chávez, de la Universidad de San Marcos.
Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos en Perú entre 2004 y 2015, periodo que abarcó los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), en el que Kuczynski fue ministro; Alan García (2006-2011); y Ollanta Humala (2011-2016).
Humala permanece en prisión preventiva, acusado de recibir tres millones de dólares para su campaña electoral de 2011, mientras que contra Toledo pesa una orden de extradición desde Estados Unidos, por recibir presuntamente 20 millones de dólares en sobornos para conceder a Odebrecht la construcción de una carretera.
