La corrupción que gangrena a Haití es denunciada en los discursos oficiales, pero a pesar de varias investigaciones a exministros, los procesos judiciales se hacen esperar y esta enraizada práctica continúa creciendo sin problemas.
Haití figura todos los años en la lista de los peores alumnos de la clase en los informes que realizan tanto la ONG Transparencia Internacional, sobre la percepción de la corrupción, como la revista Forbes, sobre el clima de negocios.
El presidente Jovenel Moïse, electo a comienzos de 2017, se ha declarado dispuesto a combatir la corrupción.
«Bajo todas sus formas, la corrupción gangrena y atrofia la economía. Ha fragilizado profundamente las bases políticas y desestabilizado el tejido social del país: es un crimen contra el desarrollo», dijo ante la asamblea general de las Naciones Unidas, reunida en septiembre pasado en Nueva York.
Esas intenciones podrían haberse concretado tras la publicación, en noviembre, de un informe parlamentario en el que se acusa a quince exministros de haber estado implicados en una «estafa a gran escala» entre 2010 y 2016.
En más de 600 páginas, el documento detallaba posibles irregularidades y sospechas de ilegalidades en la gestión de los fondos de «Petrocaribe», un programa de créditos vinculado a las compras de hidrocarburos venezolanos lanzado por el fallecido presidente de ese país Hugo Chávez en favor de una decena de naciones del Caribe y América Latina.
Desde que Haití se incorporó a ese programa, en 2009, esta fuente constante de ingreso de divisas levantó sospechas sobre su utilización, ya que a diferencia de los préstamos financieros internacionales los recursos podían ser empleados por las autoridades locales sin control alguno, ni siquiera de parte de los donantes venezolanos.
«Se sabe perfectamente que hubo mala gestión, puesto más de 2.000 millones de dólares fueron gastados y esas sumas no aparecen en el crecimiento del país», analiza el economista haitiano Kesner Pharel.
Pero es sumamente probable que este último informe parlamentario no tenga ninguna consecuencia judicial, como sucedió con el anterior, de 2016, que ya había cuestionado el comportamiento de una quincena de actores políticos sin que ello diera lugar a proceso alguno.
Esta vez, aunque el Ejecutivo dispone de una amplia mayoría en el Senado, todavía no se ha iniciado ningún debate parlamentario al respecto, ni siquiera para definir si este segundo informe es recibido.
– ¿Complicidad del parlamento? –
«La negativa del parlamento a pronunciarse sobre el informe de una comisión sobre la corrupción da una muy mala imagen», comenta Pharel.
«Es como si hubiera una suerte de complicidad: no querer atacar a quien ocupa el poder para que él no nos ataque cuando lo ocupemos nosotros. Es malísimo que esa cultura se desarrolle».
Máxime cuando esa cultura de la corrupción tiene raíces muy profundas.
«Existen incluso proverbios que reflejan exactamente esta tendencia, como ‘vole leta pa vole’, expresión creole que significa ‘quien roba al Estado no es un ladrón'», lamenta el presidente del Senado Youri Latortue.
«Algunos políticos piensan que una vez que llegaron a un cargo público pueden enriquecerse y luego de terminar su función, o cuando su gobierno es remplazado, se van a Miami, a Nueva York o permanecen aquí confortablemente, sin que nadie los moleste», afirma.
E ironiza: «hoy Haití se encuentra entre los países más corruptos, pero no hay corruptores ni corrompidos…».
Dotado de un sistema judicial sumamente lento, Haití tiene enormes dificultades para salir del círculo vicioso de la impunidad, más aún teniendo en cuenta que jueces y abogados están bajo sospecha de ejercer el derecho en favor del mejor postor.
Por otra parte, la apatía de la mayoría de la población ante el despilfarro de los escasos recursos públicos no favorece una movilización de la justicia.
En la vecina República Dominicana, decenas de miles de personas manifestaron en las calles el año pasado cuando estalló el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. No fue el caso de Haití, donde la participación en una única concentración, desarrollada en diciembre en Puerto Príncipe, contó con escasa participación.
«La gente no ha sido educada, y lo primero que hay que hacer es explicarle cómo la corrupción afecta a los ciudadanos», dice Magguie Rigaud, una mujer que respondió a la convocatoria de las organizaciones de la sociedad civil.
«Para muchos, lamentablemente, es normal robar cuando se trabaja para el Estado. Un ministro que no tenga un auto de lujo es mal visto, mientras quienes se han comportado de manera honesta viven en la miseria», señala Rigaud.
