Altos exfuncionarios panameños del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) cobraron comisiones a casi una decena de constructoras para agilizar trámites, manifestó la fiscal general, Kenia Porcell, en un nuevo escándalo de corrupción que sacude al país.
Según Porcell, a través de la investigación conocida como «Blue Apple» (Manzana Azul), se ha demostrado que exfuncionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda «exigieron a empresarios del sector de la construcción» en 2011 y 2012 «un porcentaje relacionado con el valor de la obra».
El pago del soborno, que iba del 5% al 10% del valor del proyecto, era «a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución» de las construcciones, señaló Porcell en conferencia de prensa.
Las empresas acusadas, según las investigaciones, son las constructoras Conalvias, Meco, Rodsa, Bagatrac, Ingenería REC, GS Contractors (Grupo Corporativo GS) y Concepto y Espacios.
De acuerdo a la fiscal, los pagos eran depositados en una sociedad anónima denominada Blue Apple Service, que a través de cinco cuentas en tres bancos locales habrían movido aproximadamente 40 millones de dólares.
«Al día de hoy se ha logrado la recuperación de 20 millones de dólares y se ha vinculado a 33 personas», dijo.
Aunque no dio los nombres de los acusados, Porcell manifestó que entre los involucrados hay tres exfuncionarios. «Las más altas autoridades en los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda», definió.
Además, están presuntamente involucrados un exoficial de banca, un abogado y siete empresarios. Todos enfrentan cargos por corrupción, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.
Hasta la fecha, ya ha habido cinco acuerdos de colaboración con la justicia y se adelantan gestiones con Estados Unidos, China, Suiza, Islas Británicas y Hong Kong para la recuperación de los activos.
«Debemos exigir que los delatores no solo devuelvan todo el dinero robado, si no que además paguen con cárcel para enviar un fuerte mensaje contra la impunidad», dijo a la AFP Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), organización cercana al gobierno de Juan Carlos Varela.
-«Que devuelvan lo robado»-
El escándalo estalla en momentos en los que en Panamá se investiga la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos en varios países de América Latina para obtener contratos.
Por este caso están imputadas 63 personas, entre ellas dos hijos del expresidente Martinelli y varios de sus exministros.
El propio Martinelli, detenido en Estados Unidos, es acusado por la justicia panameña de espionaje e investigado por múltiples delitos de corrupción.
La constructora brasileña acordó este año con la fiscalía de Panamá pagar una sanción de 220 millones de dólares en 12 años y colaborar con las investigaciones de corrupción en su contra.
Pese a las acusaciones, Martinelli y sus seguidores culpan a su antiguo aliado y hoy gobernante panameño, Juan Carlos Varela, de «persecución política».
Hace más de año y medio que Panamá protagonizó el escándalo de los «Panama Papers», una filtración que reveló cómo una firma local de abogados creó sociedades opacas en todo el mundo, algunas de ellas para evadir impuestos.
Tras el nuevo escándalo, la organización izquierdista Frenadeso exigió que los acusados «devuelvan lo robado» y que «los ladrones de cuello blanco vayan a la cárcel como los pobres».
En diciembre, la Unión Europea incluyó a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales.
«Debemos respaldar a la Procuradora (fiscal jefe) y (a los) fiscales» porque es una «prioridad» recuperar los dineros «robados» al Estado para que «más nunca vuelva ocurrir un saqueo contra los dineros del pueblo panameño», sostuvo en Twitter el actual ministro de Vivienda, Mario Etchelecu.
Sin embargo, el opositor y precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Rolando Mirones, consideró que «el problema es que la procuradora sigue siendo encubridora de este gobierno» ya que «el sistema de Blue Apple se sigue utilizando hasta la actualidad».
