BANI, PERAVIA. El Consorcio ODEBRECHT – Tecnimont- Estrella y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) desahuciaron a 53 soldadores luego de hacer una huelga en reclamo de que se adoptaran las medidas de seguridad para realizar sin peligro los trabajos de soldadura en la construcción de la planta de Punta Catalina.
Así lo afirmó el testigo Oscar Eduardo Rodríguez Muriel, soldador especializado que labora en Punta Catalina desde el 17 de abril, durante la audiencia de fondo de una demanda por desahucio irregular y fraude laboral que interpusieron 53 soldadores de nacionalidad colombiana contra las empresas que construyen las plantas a carbón.
El testigo relató al juez José Manuel Medina, presidente de la Cámara Civil Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Baní, sobre las quemaduras en la cara sufridas por uno de sus compañeros ante una manguera rota y cómo otro obrero está imposibilitado de caminar por caerse de una altura mayor a 8 metros al no tener los andamios y el casco protector certificado para trabajar en este tipo de obra.
Los soldadores especializados interpusieron una demanda laboral contra el Consorcio Odebretch/ Tecnimont/ Estrella, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la reclutadora de personal RATZ Consulting a quienes acusan de un desahucio irregular, reclaman el reintegro a sus puestos de trabajos, el pago de los salarios y derechos adquiridos y en reparación de daños y perjuicios por un monto que asciende a 7 millones de dólares.
Los trabajadores alegan que fueron traídos al país para laborar como soldadores industriales en el proyecto Punta Catalina con un contrato de trabajo que les garantiza permanecer en sus labores por un periodo de 20 meses y fueron desahuciados cuando solo tenían 3 meses de trabajo.
Según los abogados Lionel Correa, Joaquín Luciano, Juan Ramón Rosario y Domingo Rojas, los 53 trabajadores fueron desahuciados por reclamar sus derechos en materia de seguridad laboral y las condiciones de seguridad prometidas al momento de contratarlos.
El 12 de mayo de 2017, lostrabajadoresrealizaron un paro de labores enreclamo del cumplimiento de las condiciones de seguridadnecesarias para ejecutardichos trabajos. Los desahucios se produjerontresdíasdespués.
Para ser contratados, se exigió a los trabajadores obtener una certificación de la empresa internacional SCHRADER CAMARGO en dos tipos de soldadura, pero al llegar al país fueron puestos a trabajar bajo procedimientos distintos a los certificados.
“En adición a esto fueron obligados a trabajar sin cumplir con las condiciones de seguridad y protocolos internacionales para labores de esta índole, sin los equipos adecuados como uniformes certificados para trabajar en altas temperaturas o cascos adecuados, usando rampas peligrosas para el tipo de obra, sin protección del sol o la lluvia” alegan.
Sostienen que para evadir responsabilidades en materia de derecho laboral, los trabajadores fueron desahuciados tres días después de la protesta y obligados a firmar recibos de descargo como condición para entregarle sus salarios acumulados hasta la fecha y pasajes de avión.
“Los pasajes de avión eran comprados con fecha de partida inmediata para evitar que los trabajadores pudieran buscar asesoría legal en el país o ser escuchados por un juez” concluyen.
