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Por José Thomas. Dos entidades de derechos humanos aseguraron hoy que aunque el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley sometido por el diputado Radhamés González, que penalizaría el alquiler de viviendas a extranjeros indocumentados, el problema de los ilegales en territorio dominicano no será resuelto ya que optarían por otras modalidades para engañar a las autoridades.
La Defensoría de los Derechos Humanos de los Inmigrantes (DEDEDIN) y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Desacatados (AFAMIDESA) expresaron que aunque el proyecto de ley tenga buenas intenciones por parte del legislador González es necesario considerar que los indocumentados son seres humanos que huyen de sus países en busca trabajo para mejorar su calidad de vida, y otros casos huyendo de conflictos bélicos, dictaduras y difíciles condiciones económicas en sus naciones.
Las entidades criticaron que por la falta de supervisión de inspectores de Migración se viole el Artículo 135 del Código Laboral que obliga a los empresarios a contratar ochenta por ciento de la mano de obra dominicana y el otro veinte por ciento de extranjeros con sus documentos. “Sin embargo, somos de opinión que Migración y el Ejército son las entidades encargadas de evitar la entrada de indocumentados por la zona fronteriza, porque un vez en territorio dominicana su estatus se complica”, explicaron.
DEDEDIN y AFAMIDESA valoraron la disposición del presidente Danilo Medina al ordenar al Ministerio de las Fuerzas Armadas y a la Dirección General de Migración (DGM) el reforzamiento de la frontera dominico-haitiana para contener el flujo de inmigrantes de diversas nacionalidades que buscar penetrar al país. “En ese sentido, hacemos un llamado a las autoridades a realizar su trabajo respetando los derechos e integridad de las personas que sean detenidas durante los operativos como establecen los acuerdos internacionales sobre la materia”, indicaron.
José Peguero 
AFP 
Amaury Mo