La investigación Lava Jato cumple cuatro años en Brasil a las puertas de lo que puede ser su mayor golpe: la detención del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupción a más de 12 años de cárcel.
Lo que el 17 de marzo de 2014 parecía ser una operación rutinaria sobre el mercado ilegal de cambio en Brasilia se convirtió en la mayor investigación de corrupción de la historia del país y expuso una monumental red de sobornos entre empresas y políticos que estaba enquistada en la estatal Petrobras hacía más de una década.
Bautizada «Operación Lava Jato» (lavadero de autos), las investigaciones de los fiscales de Curitiba (Paraná, sur) y del juez Sergio Moro -convertido en un emblema de la lucha contra la corrupción para muchos brasileños- se extendieron a otros estados y llevaron la cárcel a ejecutivos y políticos que hasta entonces parecían intocables.
La causa tiene contra la pared a Lula, dos veces presidente (2003 a 2010) y una de las figuras de la izquierda latinoamericana más relevantes a nivel global.
Lula podría perder su libertad si una corte de segunda instancia rechazara sus últimos recursos contra el fallo que lo halló culpable de recibir un apartamento de lujo a cambio de favorecer a la constructora OAS.
La situación de Lula es de alta sensibilidad para Lava Jato, que tiene como pilares a las prisiones preventivas, las delaciones premiadas y la ejecución de penas después de la segunda instancia, sin esperar que se agoten los recursos ante las cortes superiores.
Una eventual modificación de esa jurisprudencia «es la principal preocupación que tenemos», dijo este viernes el fiscal Deltan Dallagnol, jefe del equipo que investiga a personas sin fuero privilegiado y frecuente blanco de juristas considerados «garantistas».
Dallagnol habló en una reunión de fiscales en Porto Alegre, que defendieron la continuidad de Lava Jato en la antesala de lo que para muchos será «el Día D»: la detención de Lula, que podría ocurrir en semanas si se cumplen los pronósticos de quienes esperan un fallo rápido del tribunal que analiza la última apelación.
– Corte suprema –
Las investigaciones de Lava Jato forzaron a 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht a confesar sus delitos y abrieron un nuevo capítulo con ramificaciones en países de América Latina, Estados Unidos, Europa y África.
En la corte suprema, donde se tratan los casos de políticos con fueros (ministros y parlamentarios), los procesos transitan más lentamente.
La megacausa y sus derivaciones pusieron en la mira al presidente conservador Michel Temer el año pasado, pero la Cámara de Diputados votó por congelar las dos denuncias que fueron presentadas en su contra.
Junto con decenas de diputados y senadores fueron abiertos expedientes sobre cuatro exjefes de Estado, Lula (2003-2010), Dilma Rousseff (2011-2016), Fernando Collor (1990-1992) y José Sarney (1985-1990).
«La corrupción es un ataque a la democracia», señaló en Porto Alegre la fiscal general, Raquel Dodge.
Los fiscales y el juez Moro cuentan con un amplio respaldo en la sociedad, pero sus críticos los acusan de querer constituir un «partido de la Justicia» para criminalizar la política.
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