La fiscalía de Perú allanó este sábado dos propiedades del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en Lima, en busca de documentos en el marco de una investigación por presunto «lavado de activos», señaló el Ministerio Público en la red social Twitter.
Los allanamientos -en una vivienda en el distrito limeño de San Isidro y en otra en Cieneguilla- ocurren un día después de que el Congreso aceptara la renuncia de Kuczynski a la Presidencia de la República y asumiera en su lugar su primer vicepresidente, Martín Vizcarra.
Los legisladores terminaron por aceptar la dimisión en lugar de votar una moción de destitución ante acusaciones de que Kuczynski mintió sobre sus lazos con la constructora brasileña Odebrecht, centro de un escándalo de pago de sobornos y de financiamiento de campañas electorales en América Latina.
Asimismo, los allanamientos se realizaron mientras el fiscal Hamilton Castro, a cargo del Equipo Especial Anticorrupción, sustentaba ante un tribunal un pedido de 18 meses de impedimento de salida del país contra Kuczynski.
«Señor juez debe tener en cuenta que desde el siglo XIX en el Perú hay expresidentes que huyen del país o se someten a largos procesos de extradición y otros que solo retornan cuando los cargos han prescrito; por esa razón pido el impedimento de salida», dijo.
«Los contactos a nivel internacional del ahora expresidente, así como sus ingresos, le permitirían abandonar el territorio nacional con facilidad en cualquier momento», agregó.
La defensa del exmandatario dijo que aceptaba ese pedido de la fiscalía, por lo que el juez Juan Carlos Sánchez, del Sistema Especializado en Corrupción, dio lugar al arraigo.
– Buscando documentos –
Exbanquero de Wall Street de 79 años, Kuczynski es investigado por pagos realizados por Odebrecht a dos empresas ligadas a él, First Capital y Westfield Capital, por asesorías.
Los fiscales a cargo de los allanamientos tienen la misión de buscar documentos que vinculen a Kuczynski con las asesorías a Odebrecht, que se produjeron cuando se desempeñaba como ministro de Economía y presidente del Consejo de ministros en el gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), informó una fuente de la Fiscalía.
Toledo, sobre quien pesa un pedido de extradición desde Estados Unidos, es acusado de recibir 20 millones de dólares de sobornos para elegir a Odebrecht como constructora de una ruta en la Amazonía.
Según imágenes de la televisión, personal del Ministerio Público ingresó a la casa de Kuczynski con cajas. En la puerta de las viviendas había policías de la fiscalía.
El expresidente aseguró en Twitter que dará todas las facilidades del caso. «Les recuerdo que recibí en dos ocasiones a los Fiscales y a dos comisiones investigadoras del Congreso. Dejemos atrás el show mediático y no sigamos dañando la imagen del país».
«Que la persecución y la venganza política no se instalen en nuestro país», señala en otro tuit.
Indicó asimismo que se «autorizó a la Fiscalía el levantamiento de mi secreto bancario y hoy me allané al impedimento de salida del país. No tengo nada que temer»
Por su parte, César Nakazaki, abogado de Kuczynski, informó que el exmandatario «sufrió una descompensación durante la diligencia fiscal y fue atendido por el ministro de Salud, Abel Salinas. No pasó de una revisión, ya está bien».
«Más allá de si el tema es legal o no, lo que se trata es de que un expresidente quiere demostrar al país y a las instituciones que él es el primer interesado en probar su inocencia», agregó.
– Sospechas, no certezas –
El expresidente niega todo vínculo con la constructora brasileña, pero Odebrecht reveló en diciembre haber pagado casi cinco millones de dólares entre 2004 y 2013 por las asesorías de las consultoras ligadas a él.
Además, Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, dijo a fiscales peruanos en Brasil que la empresa aportó 300.000 dólares a la campaña presidencial de Kuczynski de 2016 a través de Susana de la Puente, la actual embajadora de Perú en Reino Unido.
El fiscal Castro dijo en la audiencia que sobre el expresidente «existe sospecha de criminalidad, no hablo de certeza ni de conclusiones acabadas, sino de sospechas que necesitan ser investigadas».
Sostuvo que de existir, el delito calificaría de lavado de activos por «actos de conversión y transferencia de dinero no registrado».
«Es necesario determinar el origen ilícito o lícito de las transferencias hechas, en un periodo temporal entre el 2007 y 2015, por tres empresas extranjeras a la cuenta de Kuczynski que suman un poco más de un millón de dólares».
Castro hizo hincapié en la importancia de esclarecer el origen de ese dinero debido a que Kuczynski participó en dos campañas electorales entre 2011 y 2016.
