Un tribunal de apelación brasileño denegó los recursos presentados por el expresidente Lula contra una condena a más de doce años de cárcel, comprometiendo las chances del líder de la izquierda tanto de volver al poder como de seguir en libertad.
La jurisprudencia brasileña autoriza a encarcelar a los acusados que hayan agotado las apelaciones en la segunda instancia, como ocurrió este lunes con Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 años, presidente de la mayor economía latinoamericana de 2003 a 2010.
Pero el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) le garantizó la semana pasada que no sería detenido al menos hasta el 4 de abril, cuando reanude la discusión de un ‘habeas corpus’ que podría permitirle mantener su libertad hasta que finalicen otras instancias judiciales superiores. Un camino que puede llevar años y que empieza con el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) y puede llevarlo de vuelta ante el propio STF.
Los abogados del expresidente denunciaron una «condena ilegal» y no se mostraron satisfechos con las explicaciones dadas este lunes. A su entender «no se agotaron los recursos» de segunda instancia y señalaron que podrían cuestionar el fallo dentro del mismo TRF4, un recurso que rara vez suele ser admitido, según juristas.
Si esa condena quedara firme, Lula también estaría impedido de presentarse como candidato según la ley electoral brasileña, en momentos en que lidera los sondeos para las presidenciales de octubre.
Lula fue condenado el año pasado a 9 años y medio de cárcel por el juez de primera instancia Sergio Moro, como beneficiario de un apartamento de lujo de la constructora OAS, a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. Esa sentencia fue confirmada en enero y la pena elevada a 12 años y un mes de cárcel por el TRF4.
El caso se enmarca en el escándalo de sobornos a políticos revelado por la Operación Lava Jato, la mayor investigación de corrupción en Brasil, que implicó a políticos de casi todos los partidos, arrastró a grandes constructoras como Odebrecht y se extendió por una docena de países entre América Latina, Estados Unidos, Europa y África.
Lula enfrenta otros seis procesos judiciales. En todos se declara inocente y los atribuye a una conspiración de las «élites» para impedirle volver al poder.
La decisión del STF el 4 de abril es aguardada con ansiedad. Si es aceptado el recurso para Lula podría abrir la puerta a decenas de pedidos similares por parte de otros condenados en segunda instancia para salir de la cárcel y aliviar el futuro de numerosas personalidades que están en la mira de las investigaciones, como el presidente conservador Michel Temer y varios de sus principales colaboradores.
– El retorno, cada vez más cuesta arriba –
El exlíder sindical y precandidato para las elecciones de octubre, se halla actualmente en una gira proselitista por el sur del país, marcada por incidentes provocados por sus adversarios que atacaron a pedradas a los autobuses de la comitiva y arrojaron huevos contra los oradores en los actos.
La gira concluirá el miércoles en Curitiba, la ciudad donde oficia el juez Moro, apodada «capital de la Operación Lava Lato».
Las mismas razones que lo acercan de la cárcel, alejan a Lula de las elecciones: según la justicia electoral, la llamada ley de «ficha limpia» prohíbe a condenados con sentencia firme de segundo grado disputar cargos electivos.
Pero la última palabra al respecto la tendrá el Tribunal Superior Electoral, que analizará las candidaturas entre julio y agosto.
Queda por saber si el Partido de los Trabajadores (PT) está decidido a correr el riesgo de apostar a fondo por un candidato comprometidas de llegar hasta el final, pese a su favoritismo en las encuestas.
