Ecuador anunció el miércoles que cortó los sistemas de comunicación «con el exterior» de Julian Assange, refugiado en su embajada en Londres desde 2012, en una nueva represalia por interferir en asuntos de otros países.
En un comunicado, el gobierno de Lenín Moreno advierte además al ciberactivista australiano que podría adoptar «nuevas medidas ante el incumplimiento del compromiso (de no interferir) por parte de Assange».
«La medida fue adoptada ante el incumplimiento por parte de Assange del compromiso escrito que asumió con el Gobierno a finales de 2017, por el que se obligaba a no emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación a otros Estados», señala el texto.
Quito no ofreció detalles de qué tipo de comunicaciones le fueron cortadas ni de cómo Assange incumplió el acuerdo, aunque la medida fue anunciada luego de que el fundador de WikiLeaks reprochó el lunes, a través de Twitter, la expulsión coordinada de diplomáticos rusos por los países occidentales.
El martes, el secretario de Estado para Asuntos exteriores británico, Alan Duncan, declaró en la Cámara de los Comunes que «es muy lamentable que Julian Assange se quede en la embajada de Ecuador» y añadió que «es hora de que ese miserable gusanito salga de la embajada y que se entregue a la justicia».
El creador de WikiLeaks, de 46 años, se refugió en 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, que lo reclamaba para que enfrentara supuestos delitos sexuales que él niega.
La justicia sueca abandonó la causa por violación en mayo de 2017, pero un tribunal londinense rechazó en febrero dejar sin efecto el mandato de arresto de Assange estimando que el australiano no respetó las condiciones de su libertad bajo fianza.
En 2016, Ecuador ya había restringido temporalmente el acceso a Internet a Assange por divulgar documentos que tuvieron un «impacto» sobre la campaña electoral en Estados Unidos.
En diciembre pasado, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, en el cargo desde mayo de 2017, pidió a Assange no intervenir en la crisis separatista de Cataluña después de que el ciberactivista usara la red social twitter para apoyar la campaña de independencia catalana y acusar al gobierno central español de «represión».
Moreno sostiene que hizo un «compromiso desde el primer día de gobierno» de proteger a Assange al considerar que su vida «corre peligro», aunque considera un «problema heredado» que le «causa más de una molestia» a su gobierno.
