El poder judicial ordenó la detención judicial del ex presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.
El ex mandatario tendrá un plazo hasta las 5:00 de la tarde de este viernes para presentarse de manera voluntaria a la sede de la Policía Federal en Curitiba.
De acuerdo a la orden, dictada por el juez Sergio Moro, Lula Da Silva cumplirá la condena en «una sala reservada» en la superintendencia de la Policía Federal, separado de los demás presos, en «razón de la dignidad del cargo ocupado» por el ex mandatario.
Sin ‘habeas corpus’
El pasado miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó el pedido de ‘habeas corpus’ preventivo, presentado por los abogados del expresidente, en el caso de presunta corrupción que se le sigue por un departamento triplex.
Señala RT que seis de los 11 magistrados votaron en contra del recursos y los otros cinco se manifestaron a favor, lo que precipitó la orden de detención. Esa decisión trunca su camino a la presidencia de Brasil, a pesar de ser el más aventajado en las encuestas.
El juicio ha durado más de diez horas. La última en pronunciarse sobre el caso y decantar la balanza hacia el eventual encarcelamiento de Lula ha sido la ministra Cármen Lúcia.
¿De qué se le acusa?
La causa contra el exmandatario brasileño es parte del megacaso Lava Jato (lavado a presión, en español) que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás y un compendio de sobornos pagados a dirigentes políticos por parte de la constructura Odebrecht.
Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula era el propietario del inmueble y tampoco se ha identificado cuál es el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
Por ese hecho, a Lula se le ha acusado con el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público realiza o deja de realizar un acto de su competencia a cambio de algún beneficio. Por el hecho, fue condenado el año pasado a 9 años de prisión por un juez de primera instancia; la condena fue confirmada en enero y la pena elevada a 12 años y un mes de cárcel por un tribunal de apelación.
