Durante la continuación de las investigaciones en torno a los sobornos que por unos 92 millones de dólares la empresa Odebrecht admitió haber pagado en el país, el Ministerio Público ha rastreado el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones, así como también ha realizado el análisis de miles de documentos.
En una nota enviada a los medios de comunicación, la Procuraduría General de la República señaló que el avance de las indagatorias han surgido nombres de empresas y personas.
Entre las personas que han surgido en el proceso de investigación, de acuerdo a una fuente de entero crédito, estarían los comunicadores Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara.
Estos comunicadores estarían preparando un documento para responder a la Procuraduría General de la República al respecto.
La PGR explicó que los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación. “Para esto es normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales”, agregó.
Dijo que como consecuencia de ese meticuloso y confidencial proceso, “cualquier ciudadano puede ser objeto de escrutinio y de interés de nuestra organización”. “Las atribuciones que nos confiere la ley nos faculta para la conducción de dichas acciones y estamos obligados a realizarlas”, precisó.
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Destacó que sin importar su estatus político, social o profesional, toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones que se les soliciten y por el momento, y esto no significa que haya comprometido su responsabilidad penal.
“Es una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencias imprudentes. La cooperación, receptividad y la calma deben prevalecer para el bien de la dinámica que está en curso”, expresa el Ministerio Público.
Señaló que el Código Procesal Penal consigna que en la fase actual estas diligencias investigativas deben mantenerse bajo reserva y todo lo que se derive de ella es estrictamente confidencial. “Advertimos, que salvo autorización expresa del Ministerio Público, divulgar documentos o información sobre la intimidad de ese proceso pudiera significar un serio delito. Las partes involucradas tienen la obligación de no divulgarlas hasta que no se solicite medidas de coerción, algún anticipo de prueba o se presente acusación formal”, añadió.
Un bochinche feo
“El Ministerio Público cumple ese mandato legal al pie de la letra. De este modo también respeta la moral de las personas y su presunción de inocencia. Además, en virtud de esa disposición y para evitar distracciones ha continuado avanzando en la profundización de las investigaciones en completo sigilo”, subraya.
“Las investigaciones penales deben efectuarse con cuidado, perseverancia y dedicación. El discurrir de esos procesos determina a quién llamar y cuándo hacerlo. No se puede perder de vista que el caso Odebrecht es el de mayor complejidad en toda la historia del sistema de justicia dominicano”, dice la PGR.
“Cualquier novedad divulgable sobre el mismo será informada oficialmente o se conocerá cuando se deposite la acusación formal dentro del plazo establecido por el juez Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conocer la instrucción especial”, indica.
La PGR señala que “el único compromiso del Ministerio Público es encontrar la verdad en cualquier escenario y procurar que la justicia sancione ejemplarmente a todo aquel que haya cometido una infracción, como manda la ley, sin importar su estatus social, filiación política o profesión”.
“En este caso ni en ningún otro habrá impunidad. La ley es igual para todos; especialmente en este episodio que concentra la atención de todos los dominicanos”, asegura la PGR en el comunicado que difunde el periódico El Nuevo Diario .
