La investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de magisterio que conmocionó a México en 2014 deberá ser revisada y puesta en manos de una comisión de la verdad, según una sentencia judicial publicada este lunes y que representantes de los deudos calificaron de «histórica».
Un tribunal federal mexicano con sede en el estado de Tamaulipas (noreste) ordenó «reponer la investigación» sobre el llamado caso Ayotzinapa en respuesta a dos amparos de revisión solicitados por los acusados del crimen y no por los familiares de los estudiantes, detalló el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
«Con relación a la investigación del ‘Caso Ayotzinapa’, se estableció que no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General» (fiscalía), señaló el CJF en un comunicado.
Los 43 estudiantes fueron detenidos arbitrariamente el 26 de septiembre de 2014 por policías de la ciudad de Iguala, en el violento estado de Guerrero (sur), quienes los habrían entregado a sicarios del crimen organizado, según la investigación oficial.
Los criminales los habrían asesinado e incinerado para luego arrojar sus cenizas a un río, versión que, sin embargo, ha sido cuestionada por expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso supuso una grave crisis para la administración del presidente Enrique Peña Nieto, además de generar una ola de indignación a nivel internacional.
«La resolución (…) viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación», dijo la organización de derechos humanos Centro Prodh en un comunicado.
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– Sentencia «histórica» –
La sentencia pide al ministerio público que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo establecido por el derecho internacional, pues «se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura», indicó el CJF.
«Ante las graves violaciones a los derechos humanos (…), y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia», agregó.
Al respecto, el centro Prodh – que ha brindado asesoría a las familias de los estudiantes desde el inicio del caso- destacó que el fallo recomienda considerar la participación de los expertos de la CIDH en la nueva investigación.
«Ordenar medidas proactivas para esclarecer efectivamente un caso … es (una acción) inédita en el mundo jurídico mexicano y por eso decimos que es una sentencia con carácter histórico», dijo a la AFP Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh.
Dicha comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos y el ministerio público federal, precisó el CJF.
«Entiendo que ha influido mucho lo que nosotros hemos denunciado sobre la irregularidad en las investigaciones», dijo, por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los deudos.
Un informe de la ONU difundido en marzo estableció que «hay fuertes elementos de convicción» para considerar que al menos 34 personas arrestadas por el caso fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente.
El informe señala también a elementos de la fiscalía, la policía federal y militares de la Marina como involucrados en estas violaciones que «fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas».
