Familiares de los desaparecidos por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala se adentraron, armados con palas y picos, en la comunidad San Miguel Los Lotes con la intención de encontrar más cuerpos de víctimas de la tragedia, que hasta el momento ha dejado 110 muertos.
Los parientes se saltan los cordones de seguridad para llegar a la zona 0 y cavan entre los escombros y toneladas de ceniza en busca de sus familiares en la comunidad sepultada, en el sur del país.
«Nuestro deber es encontrarlos», dijo a la AFP Elder Vásquez, de 49 años, apoyado por socorristas voluntarios para sacar la ceniza sobre el área en la que está su casa.
Vásquez, vestido con una camiseta blanca, sucia por la mezcla de sudor y tierra, no tiene más remedio que excavar si quiere encontrar a su esposa y cinco hijos desaparecidos, ya que las autoridades mantienen desde el miércoles suspendidas las labores de búsqueda ante la inestabilidad del terreno y la constante actividad del volcán.
La autoridades argumentan que esas condiciones ponen en peligro a los cientos de socorristas, policías y soldados conscriptos, quienes han trabajado arduamente desde el domingo, cuando se registró la tragedia.
La desesperación por la cancelación de las autoridades llevó a los pobladores a internarse desde el jueves en la zona de la catástrofe, pese a las advertencias de riesgo.
«Uno por la familia da la vida», explica Vásquez, en claro desafío al volcán que sigue escupiendo ceniza.
El coloso, de 3.763 metros de altura y situado a 35 km al suroeste de la capital, lleva expulsando material piroclástico en los últimos días, según el instituto estatal de vulcanología de Guatemala.
Ese material, compuesto por gases tóxicos, piedras y materia volcánica y que puede alcanzar altas velocidades cuando desciende la montaña, fue el causante del desastre del domingo.
«El gobierno nos abandonó, nos dejó como basuras, pero nosotros por nuestra propia cuenta vamos a desenterrar los cuerpos», agrega Eufemia García, de 48 años, quien busca a tres hijos, su mamá, sobrinos y hermanos.
La mujer encabezaba una fila de vecinos que sin importarles el riesgo caminaba hacia el epicentro de la tragedia.
– Esfuerzo comunitario –
Los protocolos internacionales establecen que después de 72 horas de una tragedia se deben suspender las operaciones de búsqueda al considerarse que ya no hay posibilidades de encontrar sobrevivientes.
Sin embargo, el ente a cargo de la protección civil, la estatal Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), no ha dado aún esa orden ni ha declarado la zona como un camposanto o inhabitable.
Este sábado solo una pequeña patrulla de bomberos rastreaba un área de la localidad vecina de Alotenango en búsqueda de desaparecidos en un tramo de la carretera.
Los vecinos que sobrevivieron lograron que una empresa constructora les prestara una máquina excavadora, y con una colecta entre ellos reunieron dinero para el combustible, explicó Ronald Enríquez, uno de conductores del vehículo.
El operario de la máquina y otros pobladores buscaban el sábado un camino rodeado por cafetales para llegar a una de las casas y empezar a demoler.
Elías Nij, uno de los socorristas voluntarios, viajó dos horas en automóvil a la zona desde el poblado de San Raymundo. Asegura que viene a dar «ayuda humanitaria» como ya lo hizo en el desastre del 1 de octubre de 2015, cuando murieron 280 personas tras el desplome de un cerro que sepultó la aldea El Cambray II, al este de Ciudad de Guatemala.
Lleva desde el viernes en la zona y trabajará sábado y domingo en una de las «peores cosas» que ha visto. «Está muy complicado esto», afirma el joven de 20 años.
El equipo pesado del gobierno trabaja al lado del poblado para despejar la ruta nacional 14, una de las principales vías turísticas del país, que une Antigua y Puerto Quetzal, donde hacen escala gran parte de los cruceros que paran en Guatemala.
La tragedia del volcán de Fuego dejó además 57 personas heridas y 12.407 evacuadas, de las cuales 4.175 permanecen en albergues, según el último balance divulgado por la Conred.
Algunos pobladores de las comunidades cercanas se resisten a abandonar sus viviendas por el peligro de que sean saqueadas, a pesar de la insistencia de las autoridades de protección civil.
