Ocho meses han pasado desde el asesinato del catedrático y abogado Yuniol Ramírez, y a pesar de que casi todos los acusados por el Ministerio Público están cumplimiento medidas de coerción, el principal personaje en esta historia, y quien presuntamente cometió el crimen no ha pisado cárcel en República Dominicana.
Argenis Contreras salió del país el 12 de octubre, un día después de haber sido encontrado el cadáver encadenado en un arroyo de Manoguayabo. Su destino era Miami, porque según contó iba a cumplir con compromisos impostergables.
Según los registros del Sistema de Migración de pasajeros, el hombre abandonó República Dominicana en el vuelo 0987 de American Airlines. Salió por el Aeropuerto Internacional Las Américas a la 1:56 de la tarde.
Los familiares de Ramírez pensaron que éste estaba en Holanda, o en otro país de Europa, sin embargo las autoridades estadounidenses lo capturaron mediante una orden de la Interpol en el estado de Nueva York, el 11 de abril de este año, y presuntamente lo iban a traer al país al día siguiente.
Pero hasta ahora ese día no ha llegado. Han pasado dos meses y no se ha deportado Contreras, quien en la actualidad se encuentra apresado en una cárcel de Estados Unidos en espera de la extradición. Su próxima audiencia en los tribunales estadounidenses es el 20 de junio.
Por este caso cumplen prisión preventiva, el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Antonio Rivas; el exdirector financiero de esa institución, Faustino Rosario Díaz; José Antonio Mercado Blanco (El Grande) ; Lucas Tobías Ortega Duarte, Víctor Elisander Raverlo Campos (El Herrero); Jorge Luis Abreu Fabián, (DJ y El Taxista), y Heidy Carolina Peña, esposa de Argenis Contreras.
Además es procesado el empresario Eddy Santana Zorrilla, a quien le fue impuesta una garantía económica, como medida de coerción señaló el Listín Diario.
La Procuraduría General de la República manifestó que no descansará hasta llevar a todos los implicados en este hecho a los tribunales y procurar con las pruebas correspondientes que sean enviados a juicio de fondo.
