La corte suprema de Brasil examinará el martes 26 si suspende la ejecución de la sentencia a más de 12 años de cárcel contra Luiz Inacio Lula da Silva hasta que el exmandatario, condenado por corrupción y lavado de dinero, agote todos los recursos judiciales posibles.
La fecha fue oficializada este martes durante el juicio en el Supremo Tribunal Federal (STF) a la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) fundado por Lula, Gleisi Hoffmann, acusada de los mismos cargos en otra causa.
La defensa del exmandatario (2003-2010) pidió, en nombre de «la presunción de inocencia», que el cumplimiento de la sentencia quede suspendida hasta que las máximas cortes del país -el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y el propio STF- analicen los recursos presentados por el líder de la izquierda, detenido desde abril en Curitiba (sur).
La defensa busca además que los efectos suspensivos de la sentencia resguarden a Lula de una inhabilitación de su candidatura para las próximas elecciones de octubre, en las que es amplio favorito según los sondeos.
«Se trata de un precandidato a la Presidencia de la República que, aparte de tener su libertad limitada indebidamente, corre serios riesgos de tener de la misma forma sus derechos políticos indebidamente cercenados lo cual, ante el proceso electoral en curso, es gravísimo e irreversible», alegan los abogados de Lula.
El líder de la izquierda, de 72 años, fue condenado en julio de 2017 por el juez Sergio Moro a 9 años y medio de cárcel, como beneficiario de un apartamento en un balneario paulista ofrecido por una constructora a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras.
En enero de 2018, un tribunal de segunda instancia (TRF4) confirmó el fallo y elevó la sentencia a 12 años y un mes de reclusión. La pena empezó a ejecutarse en abril pasado.
Lula, que enfrenta otras seis causas penales, se declara inocente en todas y denuncia un acoso político-judicial para impedirle volver al poder.
La audiencia del martes próximo estará a cargo de un panel integrado por 5 de los 11 jueces del STF.
Cuatro de esos magistrados votaron en abril contra la ejecución de las penas de cárcel antes del agotamiento de todos los recursos legales posibles. Pero esa posición fue derrotada por 6 votos a 5, abriendo la vía a la detención de Lula.
