Varios países adoptaron o están a punto de adoptar leyes para luchar contra la propagación de noticias falsas en las redes sociales o contra los intentos de desinformación en los periodos electorales.
Esas nuevas disposiciones suelen ser objeto de fuertes críticas por quienes temen que vulneren la libertad de expresión.
– Alemania –
Los diputados alemanes adoptaron en junio de 2017 una ley contra la difusión en las redes sociales de mensajes de odio y también de informaciones falsas, propaganda terrorista y pornografía infantil.
En virtud de esa ley, las redes sociales como Facebook pueden pagar multas de hasta 50 millones de euros (unos 58 millones de dólares) y sus dirigentes multas individuales de hasta cinco millones de euros, si no colaboran cuando las autoridades soliciten una retirada de contenidos.
Los detractores de la ley, tanto de izquierdas como de derechas, denuncian un texto que conlleva una restricción de la libertad de expresión y confiere a los gigantes de internet el papel de censores.
– Francia –
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Dos controvertidas propuestas de ley se debaten actualmente en el Parlamento contra «la manipulación de la información» en periodos electorales. Su objeto es permitir que un candidato o partido pueda recurrir a la justicia para detener la difusión de «noticias falsas» en los tres meses anteriores a un voto nacional.
El texto defendido por el presidente Emmanuel Macron busca, sobre todo, evitar «los intentos de desestabilización, especialmente desde el exterior» con «la difusión viral de noticias falsas».
Diputados de la oposición y las principales organizaciones de periodistas denunciaron un proyecto que consideran inútil o peligroso para la libertad de expresión. Los intentos de definir lo que es una noticia falsa también suscitaron críticas.
– Brasil –
El país no dispone de una legislación específicas sobre las noticias falsas, pero actualmente se estudian 14 proyectos de ley sobre esta cuestión, uno en el Senado y 14 en la Cámara de los Diputados.
El del Senado prevé penas de hasta tres años de cárcel para quienes difundan en internet noticias falsas «relacionadas con la salud, la seguridad, la economía nacional, el proceso electoral o cualquier otro tema de interés público».
A tres meses de las elecciones presidenciales de octubre, 10 de los 35 partidos políticos brasileños firmaron en junio con la alta instancia encargada de los comicios, el Tribunal Superior Electoral, un acuerdo para combatir «la propagación de noticias falsas».
– Malasia –
El Parlamento malasio aprobó en abril de 2018 una ley contra las noticias falsas que castiga la propagación de informaciones «parcial o totalmente falsas» con penas de hasta seis años de cárcel y multas de 130.000 dólares -unos 111.000 euros-.
La oposición, que en abril calificó la medida de nueva forma de censura política, ganó las elecciones de mayo. Pero el nuevo primer ministro, Mahathir Mohamad, sorprendió a todos al afirmar que conservaría esa ley, antes de dar marcha atrás y asegurar que iba a suprimir esa disposición.
– Kenia –
Una ley promulgada en mayo por el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, contra la cibercriminalidad pretende también evitar la difusión de noticias falsas. Uno de sus artículos prevé una multa de 50.000 dólares (42.000 euros) y/o dos años de cárcel por la publicación de «datos falsos, engañosos o ficticios».
Según la organización Artículo 19, que defiende la libertad de prensa y tiene sede en Londres, varias disposiciones de esa ley fueron suspendidas a finales de mayo por el Tribunal Supremo keniano, a la espera de estudiar un recurso presentado por la asociación de blogueros de Kenia.
Los defensores de la libertad de expresión denuncian un ambiente cada vez más hostil para los periodistas en el país desde la última campaña electoral y la reelección de Kenyatta en octubre de 2017.
