El procurador valora la condena por sobornos para adquisición Super Tucano

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, valoró como un hito en la lucha contra la corrupción, la condena de 7 millones de dólares impuesta a la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (EMBRAER), destacando que con esta se recupera el doble de los 3.5 millones de dólares que le fueron defraudados al pueblo dominicano mediante los sobornos pagados para la adquisición de ocho aviones Super Tucano, en el año 2009.

La reacción del magistrado se produjo luego de que la juez Yanibet Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó la aplicación de un juicio penal abreviado a la multinacional EMBRAER, confirmando la culpabilidad de esa empresa en estos ilícitos y aplicándole la sanción económica máxima que para el delito de soborno establece la Ley sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

Al ponderar la trascendencia de esta decisión, el máximo representante del Ministerio Público resaltó que con la misma no fue necesario esperar años de litigios ni cientos de reenvíos de audiencias para que el Estado obtuviera ganancia en un proceso judicial por delitos contra el patrimonio público, enfatizando que esto representa un ahorro de recursos para los contribuyentes y eficiencia en la administración del sistema de justicia.

Asimismo, el procurador general informó que durante las próximas semanas y en un plazo máximo de 45 días, vigente desde el pasado 28 de julio, el Ministerio Público empezará a recibir oficialmente de parte de EMBRAER la nueva información sobre los sobornos que admitió ante la justicia haber pagado para la adquisición de estas aeronaves, la que de inmediato comenzará a ser analizada y cotejada por un equipo de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Recalcó que esa información fortalecerá el proceso penal contra las personas y empresas incluidas en la acusación de este caso Super Tucano, presentada el 6 de septiembre del 2017, y garantizó que si a partir de nuevas evidencias y luego las pesquisas correspondientes, alguien más resulta con su responsabilidad penal comprometida, en el marco del debido proceso, por igual será puesto a disposición de la justicia, sin importar de quien se trate.

El magistrado Rodríguez recordó que estos 7 millones de dólares establecidos en la condena fueron pagados por EMBRAER el pasado 13 de agosto y que constituyen una multa, por lo que serán integrados al presupuesto del Ministerio Público, para fortalecer la investigación, prevención y persecución de los crímenes y delitos, y en especial para la humanización del sistema penitenciario nacional, siempre en estricto apego a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.

Igualmente, el procurador afirmó que en la incesante lucha para procurar sanción contra los delitos de corrupción en la administración pública siempre habrá camino por recorrer, por lo que cada paso es un avance importante, al tiempo de reiterar que erradicar la impunidad es una ardua tarea que debe involucrar el firme compromiso y la militante participación de todos los sectores de la sociedad.

Se recuerda que además de EMBRAER, en la acusación presentada por la PEPCA, están incluidos el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea, coronel Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.

La Procuraduría General de la República anunció que el documento suscrito para este juicio penal abreviado será divulgado integro oportunamente a través de su página web y recordó que la condena impuesta a EMBRAER no incluyó a sus funcionarios brasileños, debido a que éstos ya fueron condenados en Brasil por los mismos hechos y no pueden ser juzgados nuevamente en República Dominicana, pues el principio jurídico internacional de “Non bis in idem”, impide la doble persecución judicial.