En promedio, el 72 % de los privados de libertad en la República Dominicana entre 1999 y 2017 estaban en la cárcel sin condena, muy por encima de la media regional de 44 % para ese periodo.
De una lista de 24 países, República Dominicana compartía el tercer porcentaje más alto con Bolivia, y por encima de ambos países estuvieron Paraguay con 78 % y Haití con 79 % (el promedio más alto).
Los datos los divulga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un informe publicado recientemente titulado “Mejor gasto para mejores vidas: Cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos”.
En el reporte al que hace referencia el periódico Diario Libre se destaca que, aunque en la última década la región ha introducido importantes reformas penales para acelerar los procedimientos y agilizar los juicios que, en la mayoría de los casos, ha generado una tendencia a la baja, en términos relativos, el número de personas privadas de la libertad sin condena sigue siendo elevado.
Al 31 de agosto de 2018 el 60.3 % de los 26,286 internos en las cárceles del país eran preventivos y el resto condenados, según publica la Procuraduría General de la República en su página web.
El informe del BID explica que la prisión preventiva se aplica para mitigar tres riesgos potenciales del imputado: daño a la comunidad (peligrosidad), interferencia en una investigación o fuga. “Lamentablemente, la mayoría de los jueces de América Latina utiliza un criterio subjetivo para interpretar estos tres riesgos”, se observa en el documento.
Agrega: “Los altos niveles de impunidad y de prisión preventiva están relacionados con la baja capacidad de aprehender y procesar a los infractores (investigación efectiva), así como de juzgar y sancionar a los procesados (juicio efectivo)”.
