París, Francia. La realización de proyectos de inversión chinos en América Latina suele estar acompañada de violaciones de derechos laborales, ambientales y contra comunidades indígenas, según un informe de organizaciones civiles divulgado este jueves.
El informe analiza las prácticas de consorcios y bancos de China en 18 proyectos en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.
Sus resultados «demuestran un patrón de comportamiento recurrente» marcado por la violación de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente, sostiene el documento presentado en Ginebra por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que denunció «la impunidad» hacia estas faltas.
La FIDH es un organismo con sede en París que representa a 184 organizaciones de defensa de los derechos humanos de 112 países.
«Las violaciones de derechos humanos en que incurren las compañías chinas no constituyen hechos aislados», subraya el informe suscrito por 21 asociaciones latinoamericanas, varias de ellas indígenas y ambientalistas.
El reporte recuerda que el Estado chino debe cumplir con sus obligaciones de promover y proteger los derechos humanos «sobre las actividades extraterritoriales que desarrollan sus empresas y subsidiarias» al llevar a cabo sus proyectos en Latinoamérica.
– Influencia china –
Durante la última década, la presencia del gigante asiático se ha incrementado radicalmente en América Latina y el Caribe a través de proyectos en los sectores extractivos y de infraestructura, así como en forma de créditos.
Desde 2009 hasta 2017, explica el informe, los préstamos chinos a la región ascendieron a 145.000 millones de dólares, superando los otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y compañías chinas como Sinohydro, Gezhouba, China Petroleum y Chinalco tienen a su cargo varios de los proyectos más grandes en la región.
De los 18 casos estudiados, siete pertenecen a la industria minera, seis a la petrolera y cinco al sector hidroeléctrico. Además, 15 tienen impacto en territorios indígenas, 11 en áreas naturales protegidas, cinco son patrimonios naturales y culturales reconocidos por la UNESCO y 12 corresponden a la región amazónica ecuatoriana, boliviana y brasileña.
Prácticas poco respetuosas de las legislaciones ambientales y laborales, con sus consecuentes efectos contaminantes en el primer caso y de explotación laboral -maltratos, despidos ilegales y accidentes laborales previsibles- en el segundo, se detallan en el reporte de la FIDH.
– Derechos fundamentales –
El documento explica además que, en varios proyectos, las empresas no implementaron procesos de consulta y participación de las comunidades afectadas por su ejecución, o estas fueron insuficientemente informadas sobre su impacto o alcance.
De hecho, las comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil critican la falta de transparencia de esas compañías chinas que, según alegan, se traduce en la «imposibilidad de conocer información básica sobre los proyectos que les afectan, y hasta de comunicarse con las instituciones chinas que los materializan».
Varias comunidades indígenas han sufrido el impacto de proyectos mineros que las han obligado a desplazarse, con medidas judiciales y mediante desalojos forzosos, como ha sido el caso en Ecuador y Bolivia, según el informe.
O en Argentina, proyectos hidroeléctricos afectarán patrimonio cultural y arqueológico de comunidades mapuches.
En otros casos, como el de la construcción de una hidroeléctrica en Brasil, el deterioro de la calidad del agua y el cambio de comportamiento hidrológico han afectado los mecanismos de supervivencia -caza y pesca- de comunidades locales, que además han sufrido problemas gastrointestinales por la contaminación.
Las prácticas «cuestionables de adquisición de tierras» están también entre los reclamos.
Ante la perspectiva de que la presencia china seguirá expandiéndose en la región, las organizaciones involucradas en el informe reclaman «un nuevo esquema de cooperación que difiera sustancialmente del modelo abusivo» de los bancos multilaterales y los mercados financieros tradicionales. Y, en definitiva, «un comportamiento social y ambientalmente responsable por parte de las instituciones chinas».
