SANTO DOMINGO. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó este miércoles por insuficiencia de prueba a tres de los cinco imputados de pertenecer a la banda del fallecido John Percival Matos.

A unanimidad, el tribunal consideró que existió una ausencia total de pruebas que demostraran la vinculación de Reyvi David Corporán Adames (a) Culebra o el Mecánico, Javier de Jesús Fernández Perelló y el mayor del Ejército de la República Dominicana, Elvin Roberto Rodgers Rodríguez, con la red que se dedicaba a asaltar bancos en centros comerciales.



Brayan Peter Félix Paulino (a) Brayan o Mariac fue condenado a 30 años por robo agravado, asociación de malhechores y complicidad. (Archivo)

En tanto, condenó a 30 años de prisión a Brayan Peter Félix Paulino (a) Brayan o Mariachi, y 20 años a Francisco Alberto de Jesús Caraballo, por robo agravado, asociación de malhechores y complicidad. De igual modo, los condenó al pago de RD$20,000,001 en favor del Banco Popular Dominicano, la Compañía de seguridad privada G4S y los familiares del vigilante fallecido en el asalto frente a Bella Vista Mall.

El tribunal les impuso pagar un peso a la familia del occiso Bienvenido García.



Los jueces dijeron que la Fiscalía del Distrito no pudo probar en nada la acusación contra Reyvi David Corporán y Javier de Jesús Fernández. Respecto a este último, dijo que solo se comprobó que el imputado le transfirió RD$2,500 a Ana Iris Liriano, novia de Percival, y que fue para preparar la cena de la Nochebuena del año 2016. Explicaron que esa fue la única transferencia a Liriano por lo que no se demostró que él estuviera enviando dinero para financiar los actos delictivos cometidos por John Percival, Brayan Paulino y Francisco de Jesús como afirmaba el órgano investigador.

De igual modo, pudieron comprobar violaciones al debido proceso, ya que la persona que realizó el allanamiento en la casa del mayor del Ejército no era fiscal, sino un abogado aspirante a fiscalizador. Comprobaron también que José Herrero Jiménez no tenía autorización judicial para ejecutar el allanamiento.