El presidente electo Jair Bolsonaro reclutó el jueves al juez Sérgio Moro como próximo ministro de Justicia de Brasil, sumando a su equipo una figura emblemática de la lucha contra la corrupción, una de sus principales banderas de campaña.
El ministerio de Justicia absorberá, bajo el mando del magistrado que ganó fama al frente de la Operación Lava Jato, a la cartera de Seguridad Pública, que fue creada en febrero para tratar de coordinar los esfuerzos de los estados en el combate contra el crimen organizado.
«El juez federal Sergio Moro aceptó nuestra invitación para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. ¡Su agenda anticorrupción, anti-crimen organizado, con el respeto de la Constitución y las leyes, será nuestro norte!», tuiteó Bolsonaro.
«Después de una reunión personal en la cual se discutieron políticas para esa cartera, he aceptado la honrosa invitación», indicó por su lado Moro, que fue recibido durante casi dos horas por Bolsonaro en su residencia en Barra de Tijuca (zona oeste de Rio de Janeiro).
«La perspectiva de implementar una fuerte agenda contra la corrupción y contra el crimen organizado, respetando la Constitución, la ley y los derechos, me han llevado a tomar esta decisión», agregó Moro, de 46 años.
La actuación de Moro, un juez de primera instancia de Curitiba (sur), está identificada con la Operación Lava Jato, que desde 2014 puso al descubierto una vasta trama de sobornos pagados por constructoras a políticos de casi todos los partidos para obtener contratos en la estatal Petrobras.
Sus sentencias llevaron a la cárcel a figuras como el ejecutivo Marcelo Odebrecht (expresidente de la constructora Odebrecht) y al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril cumple una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La defensa de Lula, que siempre denunció un sesgo político en las decisiones de Moro, pidió la absolución del líder de izquierda en otro caso (relacionado con la compra de un terreno por Odebrecht para construir el Instituto Lula en Sao Paulo), alegando que la integración de Moro al gobierno de Bolsonaro demostraría que su cliente es víctima de «lawfare» (uso de las leyes con fines de persecución política).
Moro indicó que ya no celebraría audiencias judiciales, «para evitar controversias innecesarias».
La salida de Moro del juzgado de Curitiba se da, según juristas, en un momento en que Lava Jato está llegando a su fin en Curtiba, orientándose a Rio de janeiro, Sao Paulo y Brasilia.
– «Garantía de legalidad» –
La presencia de Moro en el gobierno puede significar, de acuerdo con analistas, una garantía de legalidad para Bolsonaro, que a lo largo de su carrera como diputado tuvo innúmeras declaraciones contrarias a los derechos humanos y de admiración por la dictadura militar (1964-1985).
Será además «una manera de fortalecer el vínculo de Bolsonaro con las personas que lo votaron por sus banderas contra la corrupción», afirmó el especialista en derecho público Daniel Vargas, de la Fundación Getúlio Vargas en Rio.
Según Vargas, «Moro siempre tuvo una actitud política» y muchas de sus decisiones «interfirieron en la dinámica de la política brasileña».
Cita como ejemplo la divulgación de una conversación en marzo de 2016 en la que la entonces presidenta Dilma Rousseff sugería que buscaba nombrar a Lula ministro para darle fueros que lo protegieran de la justicia ordinaria.
El 1 de octubre, menos de una semana antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Moro autorizó la publicación de acusaciones del exministro de Hacienda Antonio Palocci contra Lula.
Moro es el quinto ministro designado del futuro gabinete de Bolsonaro, electo el domingo con 55% de los votos, que asumirá el mandato el 1° de enero de 2019.
Los otros son el general Augusto Heleno Ribeiro en Defensa; el diputado Onyx Lorenzoni como jefe de gabinete, el economista Paulo Guedes al frente de un superministerio del área económica, y el teniente coronel y primer astronauta brasileño Marcos Pontes en Ciencia y Tecnología.
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