El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, denunció que a más de un mes de solicitar al Ministerio de Hacienda que explique el origen y destino de una exorbitante deuda de RD$66,131,677,812, que figura en el artículo 4 del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado, sin que esta esté debidamente explicada como lo indica la norma, todavía sigue esperando señal de transparencia por parte de esa entidad, pero no ha recibido respuesta.
“Se le tiene que acabar el relajo al PLD, no puede ser que los funcionarios este Gobierno se sientan por encima de la Ley y que, aun cuando estén obligados a explicar cómo se originan las deudas, embriagados de poder hagan caso omiso a un reclamo hecho con toda la formalidad que exige una solicitud de esta envergadura”, dijo Wellington Arnaud.
El pasado 16 de octubre el legislador, solicitó por los canales correspondientes al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, la explicación de esa cifra en capítulos, subcapítulos, programa, unidad ejecutora e institución receptora, así como los detalles por concepto u objeto del gasto, por lo que espera que el funcionario “se digne” a explicar al país el origen de los más de 66 mil millones de pesos que el Gobierno intenta introducir de contrabando.
“La creación de cuentas por pagar es totalmente ilegal, demuestra falta de transparencia y constituye la ejecución de un presupuesto oculto, no aprobado dentro de la ley de Presupuesto General del Estado, algo que a todas luces evidencia que de forma descarada el Gobierno de Danilo Medina intenta introducir una deuda sin explicar su origen y para cuáles fines”, dijo el también miembro de la Comisión Bicameral de Presupuesto.
Resaltó que esta es una práctica muy usada en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que año tras año endeudan más al país sin ofrecer explicación alguna ni presentar los resultados de esas decisiones a todas luces cuestionables.
El diputado perremeista recordó que las instituciones públicas no pueden contraer deudas no contempladas en conformidad con la legislación vigente aplicable y que hacerlo, constituye una violación a la Constitución de la República, ya que es competencia exclusiva del Congreso Nacional legislar en todo lo concerniente a la deuda pública.
Además, recordó que es rol de los congresistas fiscalizar las acciones del Estado sin importar el color político de los partidos que representen.
Dijo que es tiempo de detener la práctica vergonzosa del Poder Ejecutivo, consistente en reconocer cada año en la ley de Presupuesto General del Estado “la disminución de cuentas por pagar” por ser esta insostenible y violatoria a todas las disposiciones legales existentes, además de constituir una ejecución de un presupuesto clandestino, no transparente.
Recordó que todas las instituciones públicas están obligadas a solo comprometer y devengar los gastos a los cuales la Dirección General de Presupuesto les ha reservado previamente la partida presupuestaria correspondiente dentro el presupuesto aprobado por el Congreso.
Agregó que el pueblo merece la explicación sobre el origen de esas cuentas por pagar, detallando en qué se gastó ese dinero, cómo se adjudicó, cuál fue el monto original de la actividad que la originó, el monto a pagar y a quién se le paga, pero además que es obligación del Ministerio de Hacienda, ser transparente.
Asimismo, explicó que el Congreso Nacional no puede validar deudas sin ser aprobadas por el Consejo de la Deuda Pública sin que en estas estén definidas las características, en cuanto al plazo mínimo de amortización, así como tasa de interés y comisiones, y sin la verificación de esto último por la Superintendencia de Valores.
