Las acusaciones de sobornos que han aflorado en el juicio contra Joaquín «Chapo» Guzmán en Estados Unidos resaltan la corrupción entre las autoridades mexicanas, sobre todo a nivel estatal y municipal, que permitió al narcotráfico expandirse.
Durante el juicio, Jesús «Rey» Zambada, ex aliado del Chapo y hermano de Ismael «Mayo» Zambada, otro líder del cártel de Sinaloa, dijo que Guzmán tenía comprados a fiscales, policías y militares mexicanos y hasta a la Interpol.
Este martes, Zambada dijo que entregó dos maletas con un total de entre seis y ocho millones de dólares en sobornos al exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna en 2005 y 2006.
Incluso el abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, acusó al expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y a su sucesor, Enrique Peña Nieto, de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, lo que ambos negaron enérgicamente.
Aunque los analistas aseguran que es difícil probar sobornos al nivel de los presidentes y autoridades federales de alto rango, la corrupción entre autoridades locales es más evidente.
«La corrupción dentro del gobierno estatal y municipal es endémica», dice a la AFP Mike Vigil, exagente de la DEA.
«Ellos controlan la policía estatal y la policía municipal, entonces los mafiosos van con ellos y pagan para que protejan los cargamentos que van a pasar», agrega.
El Chapo, uno de los jefes del narco más famosos del mundo, es acusado de 11 delitos, incluido el envío a Estados Unidos de 155 toneladas de cocaína, y si es hallado culpable puede ser condenado a cadena perpetua.
El ojo en autoridades locales
En México hay más de un caso en el que autoridades estatales, principalmente gobernadores, han sido señaladas por recibir sobornos del crimen organizado o de estar coludidos con el narcotráfico.
«No hay traficante que no tenga cobertura gubernamental. Para este tipo de delito de alto impacto necesitas que te esté protegiendo la autoridad, los soldados, marinos, las policías y por supuesto funcionarios», dice el periodista y autor de libros sobre el narcotráfico José Reveles.
Uno de los casos más conocidos es el de Mario Villanueva, quien gobernó el estado de Quintana Roo -donde se ubica el popular balneario de Cancún- de 1993 a 1999, y quien purga una pena en prisión por nexos con el narcotráfico.
Tomás Yarrington, exgobernador del violento estado de Tamaulipas, en el noreste de México, fue extraditado este año a Estados Unidos acusado de tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario.
El sucesor de Yarrington, Eugenio Hernández, está preso en una cárcel de Tamaulipas, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La relación entre las autoridades locales con el narcotráfico parece tan evidente que ha llegado al mundo de la televisión.
Por ejemplo, en la serie «Narcos», que se transmite por Netflix, Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los primeros narcotraficantes del país y a quien encarna el actor mexicano Diego Luna, se reúne con el gobernador del estado de Sinaloa, cuna del Chapo.
Altos mandos
La acusación de que Calderón y Peña Nieto recibieron sobornos generó una airada respuesta de ambos.
«Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán», dijo Calderón en Twitter, mientras que en la misma red social el vocero de la presidencia dijo que el gobierno de Peña Nieto «persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera».
Probar esas acusaciones es difícil porque a una autoridad «le van a dar dinero en efectivo y no es como que firme un recibo», dice Vigil.
Para el analista de seguridad, Alejandro Hope, si un presidente quiere enriquecerse «no tiene sentido que opten por la única forma de corrupción que le importa a Estados Unidos, que es recibir dinero del narcotráfico».
De los pocos casos en los que figuras de alto calibre fueron señaladas de nexos con el narcotráfico es el del general del ejército Mario Acosta Chaparro, quien fue señalado en 2002 de tener vínculos con el crimen organizado y quien falleció baleado en 2010 en Ciudad de México.
