Washington, Estados Unidos. Un 89% de las personas detenidas por los servicios de inmigración en Estados Unidos son latinoamericanos, la mayoría de ellos originarios de México, denunció este miércoles una ONG que analizó las estadísticas del gobierno de 2015, el último año sobre el cual hay datos.

“Los ciudadanos mexicanos sumaron un 43% de la población detenida y los individuos de la región del Triángulo del Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras representaron un 46%”, indicó el estudio realizado por la ONG American Immigration Council, que se basa en datos del gobierno y otras fuentes para el año fiscal 2015.

La investigación reveló que en este periodo de tiempo 355.729 personas fueron detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés). Del total un 79% eran hombres y la edad promedio era de 28 años, aunque un 17% del total, 59.000 personas, eran entonces menores de edad.

Para las 261.020 personas que fueron liberadas en este periodo, el promedio de tiempo que pasaron detenidos fue de 38 días, en tanto 87.000 pasaron más de un mes privados de libertad.

En Estados Unidos la detención por infracciones inmigratorias es un proceso civil “no punitivo”, pero los expertos que realizaron el estudio alertaron que “muchos aspectos de la detención migratoria son indistinguibles de la encarcelación criminal”.

“Los detenidos tienen que utilizar permanentemente uniformes provistos por el gobierno con pulseras con su identificación. Su régimen diario está reglamentado y están bajo vigilancia constante”, indicaron los expertos que destacaron además que su contacto con el mundo exterior era “limitado”.

Los expertos señalaron que hay un creciente número de denuncias de violaciones a los derechos de los detenidos, incluyendo agresiones físicas y sexuales.

“La utilización de la detención migratoria en Estados Unidos se ha incrementado significativamente en las últimas décadas, al tiempo que las denuncias de violaciones de los derechos civiles y humanos en los centros de detención persisten”, indicó Emily Ryo, profesora asociada en la escuela de derecho de la Universidad del Sur de California.