Japón prohibirá el uso gubernamental de dispositivos de telecomunicaciones fabricados por los gigantes chinos Huawei y ZTE debido a las preocupaciones sobre ciberseguridad, según informaciones aparecidas este viernes.
La decisión podría aplicarse a partir del lunes, según el diario Yomiuri Shimbun y la agencia de noticias Jiji Press.
La prohibición llegaría después de que Estados Unidos solicitara a sus aliados que eviten los productos fabricados por esas dos compañías debido a los temores de que sirven para llevar a cabo ciberataques, indica Yomiuri Shimbun, citando fuentes gubernamentales no identificadas.
Los productos japoneses que usen partes fabricadas por algunas de estas dos empresas chinas también quedarán excluidos del uso gubernamental.
Según Yomiuri Shumbun, el gobierno no prevé citar directamente a las compañías para evitar el enfado de China.
Al ser preguntado sobre estas informaciones, el portavoz gubernamental Yoshihide Suga no quiso hacer comentarios y dijo que Japón «coopera estrechamente con Estados Unidos» en cuestiones de ciberseguridad.
Esta información llega además después del arresto en Canadá de una alta ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, lo que encolerizó a China y provocó fuertes caídas en los mercados financieros internacionales por el temor a que las tensiones entre Pekín y Washington se intensifiquen.
Las autoridades estadounidenses sospechan que el gigante chino exportó, al menos desde 2016, productos de origen norteamericano hacia Irán y otros países blanco de sanciones de Washington.
La compañía ya estaba en la mira de los servicios de inteligencia estadounidenses, que la consideran una amenaza para la seguridad nacional.
Los asequibles teléfonos inteligentes de Huawei han logrado una fuerte incursión en el mundo desarrollado, pero la empresa se ha enfrentado a varios reveses en grandes economías occidentales debido a las preocupaciones sobre la seguridad.
Por su parte, ZTE recibió duras sanciones de la administración Trump este año por no respetar el embargo estadounidense contra Teherán.
ZTE tuvo que cesar la mayor parte de sus actividades, lo que puso en peligro su supervivencia, pero pudo salvarse pagando una multa de 1.000 millones de dólares.
