El fabricante estadounidense de neumáticos Goodyear anunció este lunes el cese de sus operaciones en Venezuela, sumándose al cierre de otras multinacionales como consecuencia de una severa crisis reflejada en hiperinflación y escasez de materia prima.
«Goodyear de Venezuela ha sido forzada a cesar sus operaciones en su planta localizada en Valencia, estado Carabobo», en el norte del país, señaló la compañía en un comunicado colgado en la entrada de la planta, sin ofrecer detalles sobre los motivos de la clausura.
Goodyear aseguró haber cumplido con el pago de salarios y prestaciones de sus empleados, además de disponer de un monto «adicional extraordinario» que será desembolsado en los próximos días y de «diez cauchos (neumáticos) para cada uno de los trabajadores».
La decisión tomó por sorpresa a los obreros, dijo a reporteros el sindicalista Luis Lovera.
«Un asesor externo de la empresa colocó un papel. Lo consideramos una sorpresa porque hasta el viernes la planta estaba trabajando en normalidad, en los niveles de producción que ya tenía cierto tiempo manejando», sostuvo Lovera.
Con una capacidad instalada para producir 10.500 neumáticos diarios, la fábrica apenas llegaba a un 20%. «Se producían entre 1.500 a 1.900 unidades», precisó el sindicalista, al negar que la empresa haya cancelado salarios a sus más de 1.000 trabajadores.
«Estamos quedando a la deriva», subrayó Lovera, quien afirmó que «los organismos del Estado» ya se encontraban este lunes en las instalaciones.
Una medida semejante tomó en agosto pasado el también fabricante de neumáticos Pirelli, que cerró su planta en el país caribeño por falta de materia prima tras 28 años de operaciones.
La compañía anunció en septiembre pasado la venta de la fábrica y todas sus actividades en Venezuela a una alianza de empresarios sudamericanos y la empresa Sommers International.
La decisión de Pirelli se produjo una semana después de la puesta en marcha de un plan de medidas económicas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que elevó en 3.400% el salario mínimo y tres meses después decretó otro incremento de 150%.
Como parte de su programa, Maduro prohibió a las empresas subir los precios, desplegando fiscales en comercios y supermercados. Varios gerentes, empleados y propietarios de negocios han sido detenidos, acusados de especulación.
La escasez de repuestos y neumáticos, combinada con elevados precios, ha provocado que 90% de la flota de transporte público se encuentre varada ante la imposibilidad de sufragar los altos costos, según gremios a los que el gobierno acusa de «sabotaje».
Los venezolanos, asfixiados por una hiperinflación que el FMI proyecta para 2018 en 1.350.000% y 10.000.000% en 2019, sufren la falta de transporte, debiendo recurrir a medios alternativos como camiones.
Una llanta para un autobús grande cuesta unos 300 dólares en el mercado negro.
