(EFE)- La cantante colombiana habría ocultado su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales de 2012 a 2014, según la querella, presentada en los juzgados de Esplugas de Llobregat (Barcelona).
El Ministerio Público pide que se cite a la cantante como investigada y se le imponga una fianza equivalente a la suma de las cuotas defraudadas más un tercio -19,4 millones de uros (algo más de $22 millones de dólares)– o se le embarguen bienes hasta alcanzar esa cantidad.
La querella se dirige tanto contra la cantante como contra su asesor fiscal en Estados Unidos, que fue director de varias de las compañías propiedad de Shakira, y apunta que por el momento “se desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional PriceWaterhouseCoopers (PwC) en el “mantenimiento o reestructuración” del entramado societario que utilizó.
Según la Fiscalía, la artista urdió un plan para no pagar a Hacienda ni el IRPF (impuesto sobre la renta) ni el impuesto sobre el patrimonio, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía.
Concretamente, el Ministerio Público sostiene que la cantante “canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional” –sus actuaciones o participación en el programa estadounidense ‘The Voice’ o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.
Además, añade la querella, la intérprete suscribió acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados “Tax Ruling”, para lograr unas condiciones “específicas y privilegiadas de tributación”, cuando ya residía en España y tenía la obligación de pagar sus impuestos en este país.
Según el Ministerio Público, la cantante utilizó ese entramado “con el deseo de no tributar”, a sabiendas de que “vivía de manera habitual en España y que permanecía en este país la mayor parte del año, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio”.
La Fiscalía considera que la querellada tenía la obligación de pagar sus impuestos a la Hacienda española, dado que permaneció en el país más de 183 días, tiempo necesario para adquirir la condición de residente fiscal tanto en España como en Estados Unidos.
En ese sentido, la querella añade que, en los años 2012, 2013 y 2014 en que participó en el programa estadounidense “The Voice”, la cantante presentó declaración del impuesto del estado de California, aduciendo no ser residente fiscal en dicho país, y afirmó haber permanecido en él 61, 118 y 117 días, respectivamente.
Para la Fiscalía, una vez se inició la inspección y posterior investigación a la cantante, ésta “no aportó ni documentación ni información en relación a las rentas y el patrimonio”, alegando como motivo que no residía en España.
El Ministerio Público recalca que la cantante ha aportado la documentación en la que se basa la querella “siempre a solicitud de la Agencia Tributaria, a medida que esta iba realizando averiguaciones y obtenía más datos”.
Según la Fiscalía, la querellada “no aportó ningún documento ni información a iniciativa propia”, ni la liquidación de los derechos musicales de las sociedades que gestionaba ni de las que conformaban el entramado societario, “lo que dificultó el poder comprobar los gastos reales al existir una refacturación entre sociedades”.
“En consecuencia, en estos momentos se desconoce si se dispone de toda la documentación e información relativa a la situación económica y tributaria” de la cantante, añade el escrito de la fiscal, Carmen Martín Aragón.
En total, la querella estima en 12,3 millones ($13,9 millones de dólares) la cantidad que Shakira debió tributar a la Agencia Tributaria por el IRPF de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y en casi $2,2 millones (2,5) la suma que tendría que haber pagado a la Agencia Tributaria de Catalunya por el patrimonio de que dispuso en esos años.
En un comunicado remitido a los medios hace unos días, la cantante -pareja del futbolista Gerard Piqué- aseguraba que ha cumplido en todo momento con sus obligaciones tributarias y que “no debe ninguna cantidad a la Hacienda española”, ya que ha pagado el dinero que la Fiscalía considera defraudado
