Santo Domingo. Permanecen en prisión seis de los acusados de la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, luego de que una de los imputados lograra obtener la libertad al ser favorecida con la reducción del monto de la fianza que le impusieron.
La liberada es Juana Inés Gómez, a quien el Tercer Juzgado de la Instrucción, actuando como tribunal control del caso, le varió de 5 a 3 millones de pesos la fianza que hace poco le concedió la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Sin embargo, a los otros seis el tribunal les rechazo los recursos de revisión, con los cuales pretendían que se les rebajara el monto de las fianzas, por entender que eran de imposible cumplimiento.
El 18 de octubre de este año, la referida Tercera Sala de la Cote de Apelación les varió las medidas de coerción impuestas a 7 de los 11 acusados, pero ninguno de ellos pagó las fianzas, por considerarlas excesivas y de imposible cumplimiento dado los altos montos.
Indica el periódico El Nacional que los favorecidos fueron Julio Gómez, Manuel Aybar y Juana Inés Gómez, a quienes la Corte les impuso el pago de 5 millones de pesos en efectivo en la cuenta de la Procuraduría General de la República, además de usar grilletes pagados por ellos y sujetos a la prisión domiciliaria e impedimentos de salida del país.
También, el ex director de Corde, Leoncio Almánzar, José de Pool Dominici y Carlos Gómez, a quienes se les impuso el pago de una garantía económica de 10 millones de pesos en efectivo a la Procuraduría y utilizar grilletes electrónicos y cumplir la prisión domiciliaria, con impedimento de salida del país.
Mientras que a Domingo Lebrón le impusieron el pago de tres millones de pesos e igual modalidad que los demás imputados.
Todos recurrieron en revisión la decisión de la Corte, bajo el alegato de que los montos de las fianzas eran de imposible cumplimiento, pero sólo Gómez logró que le redujeran de 5 a 3 millones de pesos el monto de la fianza.
Los otros siguen en prisión y sus abogados anunciaron que apelarán esta vez la sentencia del Tecer Juzgado de la Instrucción, por considerar que la situación económica de sus clientes no ha variado.
Manuela Orozco, abogada de Manuel Aybar, dijo que la situación económica de su cliente sigue siendo la misma, por lo que no tiene dinero para pagar los cinco millones que le impusieron.
