Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra Venezuela que apuntan a personas acusadas de beneficiarse de una trama de intercambio de divisas derivada del control de cambio, a dos días de que el presidente Nicolás Maduro asuma su segundo mandato, denunciado como ilegítimo.
Las nuevas sanciones recaen sobre siete personas y una veintena de empresas acusadas de beneficiarse de ese esquema, una lista que incluye a Raúl Gorrín, dueño del canal privado Globovisión.
«Los actores del régimen han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufría. El Tesoro está apuntando a esta red de intercambio de divisas, que es otro esquema ilícito que el régimen de Venezuela ha usado largo tiempo para robarle a su gente», dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Venezuela, por su parte, consideró ilegales estas sanciones estimando que «el único que puede imponer sanciones internacionales es el Consejo de Seguridad (de la ONU). Estamos hablando de medidas arbitrarias porque no están contempladas en ninguna ley internacional», dijo la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, en rueda de prensa.
La funcionaria subrayó que las acciones «son unilaterales porque las impone un gobierno de forma abusiva, e ilegítimas porque no tienen legalidad alguna».
Venezuela presentó además un recurso contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) para denunciar dichas sanciones y otras «medidas coercitivas de restricciones comerciales» en su contra, informó este martes el organismo.
Venezuela impuso en 2003 un control de cambios, reservándose el monopolio de las divisas, que vendía al sector privado a tasas inferiores a las que operaban en el mercado negro y este diferencial estimuló la corrupción.
A pocos días de que el presidente Nicolás Maduro comience un segundo mandato, tras unos comicios desconocidos por varios países latinoamericanos, el propio Estados Unidos y la Unión Europea, el Tesoro anunció más sanciones, que se suman a las disposiciones que ya afectan a altos funcionarios del gobierno, incluyendo el jefe del Estado, su esposa y varios ministros y líderes chavistas.
– Aislamiento internacional –
El Grupo de Lima, con la excepción de México, instó el viernes a Maduro a no asumir su segundo mandato y a transferir el poder al Parlamento, lo que Caracas consideró una incitación a un golpe de Estado.
Caracas se acercó más a sus aliados Rusia, China, Irán, Turquía y Corea del Norte, previendo mayor presión internacional. La UE, por su parte, llamó este martes a una nueva elección «libre y justa», y el jueves la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrá sesión extraordinaria sobre Venezuela.
El país, que dejó atrás un pasado de bonanza petrolera, vive una grave crisis institucional, social y económica. Su mayor fuente de divisas, el petróleo, ha caído y la producción ha bajado de 3,2 millones de barriles diarios a 1,13 millones en la última década.
Según el FMI la economía se contraerá 5% en 2019, y la hiperinflación alcanzará 10.000.000%.
Esta crisis desató la ola migratoria más masiva de la historia reciente de América Latina y la ONU calcula que 2,3 millones de venezolanos salieron desde 2015, y estima que esa cifra subirá a 5,3 millones en 2019.
El Departamento del Tesoro añadió este martes a la lista a siete personas, incluidos la antigua Tesorera de la Nación Claudia Patricia Díaz y Gorrín, acusado de sobornar a la Oficina Nacional del Tesoro para realizar operaciones ilícitas de intercambio de divisas en Venezuela.
Además la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a otros cinco individuos y a 23 entidades.
«Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar a los causantes del trágico declive de Venezuela, y va a seguir usando las herramientas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia», dijo Mnuchin.
– «Red corrupta de intercambio de divisas» –
«Nuestras acciones contra esta red corrupta de intercambio de divisas expone otra vez las deplorables prácticas que los integrantes del régimen venezolano han usado para beneficiarse a expensas del pueblo», dijo Mnuchin.
Gorrín es uno de los implicados en el caso del antiguo guardaespaldas y extesorero de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño, sentenciado a 10 años a prisión en Estados Unidos por participar en un esquema de cambio de divisas y lavado de dinero por más de 1.000 millones de dólares.
Según las autoridades estadounidenses, Andrade recibió sobornos para garantizar a terceros transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.
Gorrín fue acusado en 2017 en Florida de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA en inglés), una norma estadounidense con disposiciones antisoborno, así como de otros 10 cargos de lavado de activos.
Según el Departamento del Tesoro tanto Andrade como Díaz, cuando ocupaban el puesto de Tesorero, usaron su influencia para darle a Gorrín acceso al sistema preferente, lo que le permitía maximizar sus beneficios en sus transacciones de divisas.
A cambio, según el Tesoro de Estados Unidos, Gorrín y otros empresarios pagaron cientos de millones de dólares en sobornos.
